Darío Sanz
Secretario General CCOO Unión Comarcal de Andorra
Un país que ha renunciado a su independencia y recursos endógenos como medio de regulación del precio de la energía. Una reconversión industrial (mal llamada transición justa) que lejos de servir al interés general, sigue aumentando márgenes de beneficios y engordando dividendos que se reparten los grandes accionistas de empresas privadas e incluso públicas propiedad de otros países. Por eso hoy algunos han celebrado que todo sigue bajo lo planeado, viento en popa y a toda vela. Otros seguimos en la denuncia y el esfuerzo de intentar ser escuchados y llegar a la gente.
Hay que decir que aunque hoy no hable de la central térmica de Andorra y la reconversión del sector eléctrico, sí que el aumento del precio de la energía es un ingrediente muy importante de lo que voy a intentar contar. El otro ingrediente es el conflicto geopolítico de largo recorrido entre la OTAN y las potencias económicas del este de Europa y el continente asiático y que hemos simplificado llamándolo Guerra de Ucrania. Guerra que como siempre sufre y padece en primer lugar la clase trabajadora del país invadido y por daños colaterales el resto de trabajadoras del mundo. Sí, en las guerras imperialistas suelen morir y pasarlo peor los pobres. Los ricos suelen salir por una orilla y las oligarquías se enriquecen a costa del sufrimiento y la muerte de las clases populares.
Resulta que durante los procesos de confinamientos de población y paralización de la economía por el COVID se hizo necesaria y se encontró una solución ante la más que probable oleada de cierres, despidos e impagos. Esta solución fue la posibilidad de prohibir los despidos y ofrecer a las empresas unos mecanismos ERTE para que el estado se hiciese cargo de la mayoría de los gastos de personal de las mismas y las empresas quedasen en una especie de standby. Mientras, a los y las trabajadoras se les respetaban cotizaciones, se les garantizó una prestación y no perdieron paro, ni vacaciones. Fue una situación de emergencia social y de salud pública que trajo aparejada una crisis económica. La cual, gracias a esta solución de emergencia, pudimos sobrellevar, sin llegar a una situación de desmoronamiento total del tejido productivo y la economía.
Las contradicciones surgen cuando este mecanismo de emergencia a todas luces insostenible en el tiempo (pues no hay sociedad que pueda subsistir con la privatización de los beneficios y la socialización de los gastos empresariales) parece haberse convertido en un mecanismo cada vez más ordinario para afrontar los vaivenes de mercados, especulaciones financieras y crisis en general de un sistema capitalista en el que España y los países de la periferia europea tienen asignado el papel más bajo en la cadena productiva y por ende junto a nuestra dependencia energética, nos hace muy vulnerables ante estas situaciones cada vez más comunes.
Es muy duro ver de primera mano cómo empresas que siguen en beneficios, que producen y venden más que cuando abrieron y tenían un número determinado de trabajadores y trabajadoras a tiempo completo durante los 12 meses del año, ahora por ver reducido el porcentaje de previsión de ventas (teniendo más ventas y beneficios que en ejercicios anteriores) se acogen a un Expediente de Regulación de Empleo por Razones Productivas, Organizativas o Técnicas. Así sé aseguran que mientras se aplique este ERTE el 70% del salario y sus cotizaciones las paga papá Estado con el dinero de todas nosotras y mantienen así sus márgenes de beneficios, en un contexto en el que las plantillas en esta ocasión pierden el 30% de su nómina y la parte proporcional de pagas extras y vacaciones. Como si no lo estuviesen pasando ya bastante mal con sus salarios congelados desde hace años y una inflación de casi el 9%.
Hay empresas que de verdad necesitan acogerse a estos mecanismos para no recurrir a otras medidas más perjudiciales para todos como pueden ser los cierres o despidos. Además se ofrecen a negociar de buena fe los complementos suficientes para que por ejemplo sus plantillas se queden con un 90% del salario y se respeten sus pagas extras y vacaciones, pero hay unas cuantas que sacan sus calculadoras y juegan a sacar los mayores dividendos posibles aún a costa de empobrecer todavía más a sus trabajadores. Estas empresas saben que las cartas de estas negociaciones están marcadas y que lo tienen todo de cara para acceder a estos mecanismos en mi opinión totalmente viciados. ¿Por qué decimos que están marcadas las cartas? Pues porque una vez cumplido el plazo de 10 días de negociación obligatoria con la representación legal de la plantilla de trabajadores, el ERTE ya se puede hacer efectivo con acuerdo o sin acuerdo. Porque con presentar unas simples gráficas de decrecimiento de expectativas de ventas, mercados o beneficios les vale para cumplir la norma. Siendo tiempo después el Gobierno de Aragón el que ha de decidir si este ERTE tiene a lugar o no. Todos y todas sabemos y vemos la diferencia de trato de este y otros gobiernos hacia las grandes empresas o hacía el común de los mortales.
No hay negociación entre iguales cuando el fuerte sabe que se va a imponer al débil en un 99% de ocasiones. Cuando ni siquiera tiene que esperar a que un órgano en teoría imparcial tome una decisión en el caso de agotar el periodo de negociación sin acuerdo. Cuando sobre la parte más débil sobrevuelan las amenazas veladas de despidos. Cuando lo único que les queda a la parte más débil es recurrir la decisión empresarial e instalarse en un conflicto que tiene muy pocas probabilidades de éxito. Pues el Gobierno Central maravillado por los logros del dialogo social y los ERTE COVID ha decidido que estos son los límites de las políticas progresistas. Que por salvaguardar un empleo que nunca se debería perder estando una empresa en beneficios, se ofrece la socialización de los gastos y la privatización de los beneficios. ¿Cuánto tiempo podrá resistir nuestra economía esta nueva forma de afrontar las crisis económicas? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar la clase trabajadora esta ley del embudo? ¿Por qué no se intervienen y controlan temporalmente a las empresas acogidas a este tipo de mecanismos? ¿Por qué no se puede saber si mienten respecto sus abstractas y subjetivas previsiones económicas?
Al final en muchas ocasiones lo único que les queda a muchas plantillas y su representación sindical es mantener la cabeza alta, los dientes apretados y decir NO aún a riesgo de perder el mísero 5 o 10% de complemento que se les ofrecía y así intentar mantener su unidad y dignidad para en un futuro tratar de mejorar en algo sus condiciones laborales.
Si habéis llegado hasta aquí saber que todo lo que aquí se cuenta se ha dado en la realidad. A la espera estamos de la decisión de la DGA. ¿Os parecen pocas las contradicciones y dificultades que se nos presentan a la hora de defender nuestros derechos?■
Hay que decir que aunque hoy no hable de la central térmica de Andorra y la reconversión del sector eléctrico, sí que el aumento del precio de la energía es un ingrediente muy importante de lo que voy a intentar contar. El otro ingrediente es el conflicto geopolítico de largo recorrido entre la OTAN y las potencias económicas del este de Europa y el continente asiático y que hemos simplificado llamándolo Guerra de Ucrania. Guerra que como siempre sufre y padece en primer lugar la clase trabajadora del país invadido y por daños colaterales el resto de trabajadoras del mundo. Sí, en las guerras imperialistas suelen morir y pasarlo peor los pobres. Los ricos suelen salir por una orilla y las oligarquías se enriquecen a costa del sufrimiento y la muerte de las clases populares.
Resulta que durante los procesos de confinamientos de población y paralización de la economía por el COVID se hizo necesaria y se encontró una solución ante la más que probable oleada de cierres, despidos e impagos. Esta solución fue la posibilidad de prohibir los despidos y ofrecer a las empresas unos mecanismos ERTE para que el estado se hiciese cargo de la mayoría de los gastos de personal de las mismas y las empresas quedasen en una especie de standby. Mientras, a los y las trabajadoras se les respetaban cotizaciones, se les garantizó una prestación y no perdieron paro, ni vacaciones. Fue una situación de emergencia social y de salud pública que trajo aparejada una crisis económica. La cual, gracias a esta solución de emergencia, pudimos sobrellevar, sin llegar a una situación de desmoronamiento total del tejido productivo y la economía.
Las contradicciones surgen cuando este mecanismo de emergencia a todas luces insostenible en el tiempo (pues no hay sociedad que pueda subsistir con la privatización de los beneficios y la socialización de los gastos empresariales) parece haberse convertido en un mecanismo cada vez más ordinario para afrontar los vaivenes de mercados, especulaciones financieras y crisis en general de un sistema capitalista en el que España y los países de la periferia europea tienen asignado el papel más bajo en la cadena productiva y por ende junto a nuestra dependencia energética, nos hace muy vulnerables ante estas situaciones cada vez más comunes.
Es muy duro ver de primera mano cómo empresas que siguen en beneficios, que producen y venden más que cuando abrieron y tenían un número determinado de trabajadores y trabajadoras a tiempo completo durante los 12 meses del año, ahora por ver reducido el porcentaje de previsión de ventas (teniendo más ventas y beneficios que en ejercicios anteriores) se acogen a un Expediente de Regulación de Empleo por Razones Productivas, Organizativas o Técnicas. Así sé aseguran que mientras se aplique este ERTE el 70% del salario y sus cotizaciones las paga papá Estado con el dinero de todas nosotras y mantienen así sus márgenes de beneficios, en un contexto en el que las plantillas en esta ocasión pierden el 30% de su nómina y la parte proporcional de pagas extras y vacaciones. Como si no lo estuviesen pasando ya bastante mal con sus salarios congelados desde hace años y una inflación de casi el 9%.
Hay empresas que de verdad necesitan acogerse a estos mecanismos para no recurrir a otras medidas más perjudiciales para todos como pueden ser los cierres o despidos. Además se ofrecen a negociar de buena fe los complementos suficientes para que por ejemplo sus plantillas se queden con un 90% del salario y se respeten sus pagas extras y vacaciones, pero hay unas cuantas que sacan sus calculadoras y juegan a sacar los mayores dividendos posibles aún a costa de empobrecer todavía más a sus trabajadores. Estas empresas saben que las cartas de estas negociaciones están marcadas y que lo tienen todo de cara para acceder a estos mecanismos en mi opinión totalmente viciados. ¿Por qué decimos que están marcadas las cartas? Pues porque una vez cumplido el plazo de 10 días de negociación obligatoria con la representación legal de la plantilla de trabajadores, el ERTE ya se puede hacer efectivo con acuerdo o sin acuerdo. Porque con presentar unas simples gráficas de decrecimiento de expectativas de ventas, mercados o beneficios les vale para cumplir la norma. Siendo tiempo después el Gobierno de Aragón el que ha de decidir si este ERTE tiene a lugar o no. Todos y todas sabemos y vemos la diferencia de trato de este y otros gobiernos hacia las grandes empresas o hacía el común de los mortales.
No hay negociación entre iguales cuando el fuerte sabe que se va a imponer al débil en un 99% de ocasiones. Cuando ni siquiera tiene que esperar a que un órgano en teoría imparcial tome una decisión en el caso de agotar el periodo de negociación sin acuerdo. Cuando sobre la parte más débil sobrevuelan las amenazas veladas de despidos. Cuando lo único que les queda a la parte más débil es recurrir la decisión empresarial e instalarse en un conflicto que tiene muy pocas probabilidades de éxito. Pues el Gobierno Central maravillado por los logros del dialogo social y los ERTE COVID ha decidido que estos son los límites de las políticas progresistas. Que por salvaguardar un empleo que nunca se debería perder estando una empresa en beneficios, se ofrece la socialización de los gastos y la privatización de los beneficios. ¿Cuánto tiempo podrá resistir nuestra economía esta nueva forma de afrontar las crisis económicas? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar la clase trabajadora esta ley del embudo? ¿Por qué no se intervienen y controlan temporalmente a las empresas acogidas a este tipo de mecanismos? ¿Por qué no se puede saber si mienten respecto sus abstractas y subjetivas previsiones económicas?
Al final en muchas ocasiones lo único que les queda a muchas plantillas y su representación sindical es mantener la cabeza alta, los dientes apretados y decir NO aún a riesgo de perder el mísero 5 o 10% de complemento que se les ofrecía y así intentar mantener su unidad y dignidad para en un futuro tratar de mejorar en algo sus condiciones laborales.
Si habéis llegado hasta aquí saber que todo lo que aquí se cuenta se ha dado en la realidad. A la espera estamos de la decisión de la DGA. ¿Os parecen pocas las contradicciones y dificultades que se nos presentan a la hora de defender nuestros derechos?■
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