Podrán derogar la ley pero no la memoria

Activistas del Ateneo Republicano del Bajo Aragón Histórico.

ÁLVARO SANZ | 01/03/2024

OPINIÓN | BOMBARDEO DE ALCAÑIZ | MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ARAGÓN

La reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón por el ejecutivo aragonés (PP-Vox-PAR) da una idea del sectarismo de la derecha y ultraderecha aragonesa. La derogación de la Ley hará que Alcañiz deje de ser el epicentro de Aragón el 3 de marzo para conmemorar y honrar a las víctimas del bombardeo.

Cuatro años y nueve meses de prisión es la condena que ha emitido la Sala Penal del Tribunal Supremo contra cuatro de los “6 de Zaragoza”, jóvenes que se manifestaron ante un acto del partido de extrema derecha Vox el 17 de enero de 2019. La sentencia rebaja la pena pedida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que era de siete años, y la de la Audiencia de Zaragoza, que les condenó a seis años. Pero esta rebaja no impide su entrada en la cárcel. Su único delito: ser antifascistas, la única prueba: los testimonios, contradictorios, de los policías que los arrestaron, ley mordaza mediante.

Mientras esto sucede, el Presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón nombra un director General de Pesca que reivindica públicamente la figura de Millán Astray y una Directora General de Justicia que posa ufana con la bandera franquista de fondo y ensalza a Franco en sus redes sociales. Sumado a lo anterior y en el parlamento aragonés, la derecha extrema del PP, la ultraderecha de VOX y la derecha del PAR unen sus votos para derogar, en apenas 15 días, la Ley de Memoria Democrática de Aragón.

Estas dos imágenes son prueba evidente de las cuentas pendientes que tiene este país y nuestra comunidad con el conocimiento de su pasado reciente. Lo son también de la necesidad de fortalecer la sanadora función que tiene la educación para consolidar los cimientos de cualquier democracia avanzada. Una democracia que nos permita mirar hacia el futuro, apostando por incorporar los ideales y esencias de la libertad y la democracia en la actividad pública, política, educativa y social de nuestros días.

Eso es la Memoria Democrática y eso persiguen las leyes que la amparan: apostar por la construcción de un futuro de paz apoyado en la paz y el respeto de los derechos humanos.

No persigue otra cosa que dar respuesta a la necesidad democrática de mirar de frente al pasado, dar la dignidad pública debida a quienes lucharon por la democracia y reparar, en lo posible, los perjuicios a quienes padecieron la persecución del franquismo.

La Memoria Democrática es la única vía posible para que, todos y todas, tengamos las garantías de la No Repetición tan necesarias para construir un futuro democrático y en paz. Es la base de políticas preventivas que eviten violaciones de derechos humanos y una apuesta por la paz y el desarrollo de la democracia. Refuerza el estado de derecho.

Lamentablemente y tras décadas de democracia, vemos con preocupación como el franquismo sociológico emerge sin pudor alguno, también institucionalmente, reivindicando esa memoria nostálgica y mitológica que recupera con fuerza la necesidad de luchar contra la “anti España” señalando a toda aquella persona que piensa diferente o lo sea, especialmente a quienes nos recuerdan que el antifascismo es condición básica para ser demócrata.

Una corriente revisionista que señala como sectarias y doctrinarias cuantas medidas tratan de superar el relato impuesto por los vencedores durante décadas con el único objetivo de impedir que avancemos en el conocimiento veraz y riguroso de nuestra historia.

La primera víctima en esta infausta etapa de coalición reaccionaria en Aragón, en la que anida esta forma de afrontar el futuro desde la reivindicación de un pasado totalitario, ha sido la Ley de Memoria Democrática de Aragón, recientemente derogada con los votos del PP, VOX y PAR en un pleno en el que llegaron a justificar la sublevación de Franco por la necesidad de poner orden ante la sinrazón republicana.

Los pasos seguidos por la derecha y la ultraderecha para perpetrar la derogación de esta ley ponen de manifiesto no solo su condición y matriz ideológica, también su naturaleza revanchista y totalitaria. Para ellos generar dolor y revictimizar a quienes siguen buscando los restos de sus familiares en fosas comunes forma parte del rito del ejercicio del poder. Que la fecha elegida por el PP y VOX para registrar su iniciativa de derogación de la ley de memoria fuese el 20N, día del 48 aniversario de la muerte, en su cama, del dictador genocida que conocimos como el Generalísimo Franco, lo dice todo.

Actuaron además como acostumbran, manu militari, imponiendo, amordazando, intentando humillar y sin dejar posibilidad de debatir y participar a quienes por derecho les corresponde ser escuchados ante tan tremendo atropello.

En apenas 15 días, desde su toma en consideración, la derecha extrema y la ultraderecha forzaron una tramitación legislativa inédita por la urgencia con la que se ha saldado, en un debate que estaba muy lejos de suscitar el consenso necesario para ser abordado así. No se puede derogar una ley que afecta a derechos sin escuchar a la sociedad, a las víctimas a las que da amparo, al movimiento de derechos humanos, a los juristas especializados, a los historiadores y al resto de la academia.

Es normal este proceder en quién carece de la más mínima empatía con las víctimas del franquismo o el más mínimo respeto hacia quienes de forma rigurosa se dedican a aportar conocimiento de los hechos según el método histórico propio de la disciplina.

Para ellos ambas son molestas, porque no solo querían derogar una ley “sectaria hecha por rojos y para rojos” según defienden, se trataba además de humillar a las víctimas y a la inteligencia y de recuperar, bajo el eufemismo de la concordia, el relato oficial inventado e impuesto durante décadas de la equidistancia entre bandos, que blanquea la sublevación franquista y la dictadura.

No cabe plan de concordia alguno que se sustente como condición sobre el olvido de lo que pasó. Es insultante que quienes denostan hoy cualquier amnistía se amparen en la del 77. Y no lo es menos que traten de justificar sus propósitos revisionistas y negacionistas de la historia aduciendo el pacto constitucional o la declaración de los derechos humanos. Nada más lejos de la realidad. Nuestra Constitución señala en su artículo 10 que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social y que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España. Es precisamente en el conjunto de principios desarrollados por Naciones Unidas (ONU) para la protección y promoción de los derechos humanos a través de la lucha contra la impunidad, que es precisamente lo que las derechas reivindican en los que se enmarcan nuestras leyes de Memoria que, en Aragón las derechas acaban de derogar.

Por eso es especialmente peligroso que en sede parlamentaria se ponga en tela de juicio la labor y el rigor de la academia, de los historiadores e historiadoras.

Durante el transcurso de las sesiones de debate que antecedieron al pleno de derogación de la ley de memoria democrática en esta legislatura, hemos escuchado mensajes que recordaban aquel “muera la inteligencia” cuando se les recordaba desde las bancadas demócratas del parlamento que buena parte del área de historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza había exigido que no se derogue esta ley y la derecha y la ultraderecha acusaba a estos profesionales de ser “historiadores de parte”.

En efecto es necesario recordar que la historia no la hacemos los políticos, y que para fortalecer la democracia necesitamos hacer frente a nuestro incomodo pasado con rigor.

Pero les da lo mismo, aunque a los demócratas no.

Lo sucedido en Aragón no va a eximirlos del cumplimiento del deber de memoria amparado en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática del estado español.

Tampoco van a acallar a los cientos de personas que con tesón siguen exigiendo el derecho a saber qué ocurrió a las miles de personas abandonadas, que no olvidadas, en barrancos y cunetas, exiliadas, torturadas, asesinadas, a las que se les expolió sus patrimonios, purgadas, robadas nada más nacer, esclavizadas…

La derogación de la Ley no evitará que sigamos reclamando nuestra memoria colectiva. Por eso, con energía y compromiso renovados, acompañando al movimiento memorialista, seguiremos exigiendo Memoria, Verdad, Justicia y Reparación.■

Álvaro Sanz        

Diputado IU - Cortes de Aragón

Coordinador IU Aragón