María Pilar Bosque. Máster en Responsabilidad Social |
Estamos en un momento como Sociedad en el que somos más conscientes de la necesidad de una Sanidad Universal, Pública y de Calidad que no deje atrás a nadie. Pandemias como la que estamos sufriendo hacen necesaria una respuesta firme, sin vacilar y atendiendo a todas las personas sin mirar su estatus social ni su nivel de ingresos.
También se han puesto en entredicho otros puntos de nuestro sistema social de derecho. Las condiciones en las que se encuentran nuestros mayores en las residencias, la necesidad de un Sistema Educativo de calidad y adaptado a las circunstancias cambiantes que no deje a ningún niño y niña atrás....
Hemos visto a personas, empresas, políticos... Agentes Sociales de diferentes signos políticos han acudido solicitando al Gobierno que en estas circunstancias adversas les ayude a superar algo inesperado para toda la ciudadanía. Y se van a necesitar muchas más ayudas. La salida de la crisis va a ser dura y si no queremos fallar como sociedad tenemos que tener en cuenta hasta el último de nuestros miembros y trabajar para que todas y todos tengamos derecho a un futuro digno. Nadie estaba preparado para lo que nos ha llegado y sólo luchando todas las personas juntas lo vamos a poder superar.
Hablar de impuestos es algo que está mal visto. Nos hemos acostumbrado a que nuestros políticos en campaña electoral prometan bajarnos los impuestos. Luchamos o firmamos manifiestos en los que solicitamos bajadas de impuestos que no hemos analizado si son justos o no, si contribuyen a la redistribución de la riqueza, si son equitativos
Pero todos estos servicios y ayudas estatales, autonómicas y locales sólo son posibles movilizando grandes cantidades de dinero que tarde o temprano tendremos que aportar cada uno/a de nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país.
Hablar de impuestos es algo que está mal visto. Nos hemos acostumbrado a que nuestros políticos en campaña electoral prometan bajarnos los impuestos. Luchamos o firmamos manifiestos en los que solicitamos bajadas de impuestos que no hemos analizado si son justos o no, si contribuyen a la redistribución de la riqueza, si son equitativos…
Nuestra constitución en su artículo 31 establece que:
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Para que se cumplan estos preceptos, que también son la base de los principios de la Plataforma Aragonesa por la Justicia Fiscal, es necesario que nuestro sistema fiscal sea justo y equitativo. Si no somos conscientes de que es injusto contribuimos a la narrativa de que cualquier cantidad que tengamos que aportar nos duela como si nos robasen, sin ver los beneficios comunes de tener unos servicios públicos de calidad.
La presión fiscal ha ido trasladándose progresivamente desde las grandes fortunas y las grandes empresas a la clase media y popular. La amenaza real de que si grabamos a los ricos y a las multinacionales estos trasladarán sus riquezas y sus inversiones a terceros países ha contribuido a que, a través de los años, los diferentes gobiernos no se hayan atrevido a aumentar la presión sobre las riquezas del capital.
La presión fiscal ha ido trasladándose progresivamente desde las grandes fortunas y las grandes empresas a la clase media y popular. La amenaza real de que si grabamos a los ricos y a las multinacionales estos trasladaran sus riquezas y sus inversiones a terceros países ha contribuido a que, a través de los años, los diferentes gobiernos no se hayan atrevido a aumentar la presión sobre las riquezas del capital y la recaudación de los impuestos indirectos y la renta del trabajo, que no se pueden trasladar, cada día haya copado una parte más importante de la recaudación total del estado.
Existen territorios en el mundo que a través de una política fiscal muy agresiva con el resto de los países o a través de un secretismo societario absoluto han contribuido a que las multinacionales y las grandes fortunas tengan la posibilidad de trasladar allí sus beneficios y bienes y eludan el pago de impuestos, mediante prácticas fiscales verdaderamente agresivas, a los países en los que realmente obtienen los beneficios. Cada año desaparecen en España millones de euros en paraísos o guaridas fiscales. Hay legiones de abogados y asesores fiscales dedicados a estudiar cómo reducir los impuestos que deben pagar las grandes fortunas y empresas.
Pero en esta etapa de crisis estas mismas empresas con prácticas agresivas exigen ayudas en las mismas condiciones o mejores que las compañías honestas que contribuyen con sus impuestos sin elusión ni prácticas abusivas al pago de los gastos de un Estado que las acoge y acompaña en sus gestiones.
Por eso desde Oxfam Intermón se está promoviendo, entre otras cosas, una campaña en la que se exige a nuestro gobierno que el dinero que se destina a mitigar los efectos del Covid-19 no puede ir a parar a las empresas que operan tanto directamente como indirectamente en paraísos fiscales solamente con el fin de eludir sus responsabilidades fiscales y sociales en España. Desde la sociedad civil debemos perder el miedo a luchar contra unas prácticas que nos perjudican directamente y exigir a nuestros gobernantes que no concedan ayudas ni firmen contratos con dichas empresas totalmente insolidarias que no aportan lo éticamente exigible.■
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