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| Carlos Sánchez Mato. Economista |
Fruto de ese clima y de la presión de Unidas Podemos, el Gobierno de coalición pondrá en marcha durante el mes de mayo un Ingreso Mínimo Vital del que se beneficiarán más de un millón de hogares de los cuales 100.000 serían hogares monoparentales. En total, unas 3 millones de personas podrían verse protegidas por esta medida.
¿Y qué es eso del Ingreso Mínimo Vital?
Pues es sencillo de explicar. Se trata de una prestación para aquellas personas vulnerables y en riesgo de pobreza extrema que no cuenten con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. No se trata de una medida temporal circunscrita a las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus sino que tendrá carácter permanente. Aunque haya gente que pueda desconocerlo, un derecho tan básico y fundamental como es tener ingresos mínimos para proporcionar el sustento más básico y una vida mínimamente digna a las familias en situación de riesgo y pobreza, no estaba garantizado en nuestro país. Y no son precisamente pocas las personas con graves problemas económicos como acreditan los informes que en España, que cifran en 12,3 millones personas (26,1% de la población) las que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Y con ese marco, España es el único país europeo que no tiene una prestación pública que cubra el riesgo general de pobreza.
«En la anterior crisis vimos cómo se retiraba el paraguas por parte de los gobiernos precisamente cuando más arreciaba la tormenta. Afortunadamente, ahora se despliega un escudo para proteger a quienes peor situación tienen. Un primer paso para no dejar a nadie atrás que marca la diferencia»
El ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno, propuesta recogida en el programa acordado por PSOE y Unidas Podemos, está destinado a garantizar que toda persona cuente con ingresos suficientes para vivir dignamente, al menos en niveles de subsistencia. Una especie de “red de seguridad” para todas las personas, que será especialmente útil para aquellas que, en esta crisis, se están quedando fuera de los ERTE y de las ayudas por desempleo.
Tiene toda la lógica que, desde las administraciones públicas se proteja a quienes son el rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienes “el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta”. Dentro de este sector social, los y las más vulnerables acumulan tantos problemas cotidianos que les impide tener un proyecto vital digno: son 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa. Son los ciudadanos y las ciudadanas sobre quienes se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos. Y es que la pobreza y la consiguiente vulneración de derechos humanos con las que va asociada, son claramente evitables. Es perfectamente posible poner fin a esta lacra. Somos un país con un excelente potencial, con riqueza, con un tejido social capaz de actuar para revertir esta situación injusta de desigualdad. Hay recursos suficientes para erradicar las formas más extremas de pobreza, del sinhogarismo al chabolismo, y para acabar con las discriminaciones, restricciones contextuales, inercias y tradiciones que impiden el desarrollo humano.
El Ingreso Mínimo Vital es un paso para ello y una muestra clara de que hay otra forma de actuar cuando nos enfrentamos a una crisis. En la anterior todas y todos vimos cómo se retiraba el paraguas por parte de los gobiernos precisamente cuando más arreciaba la tormenta. Afortunadamente, ahora se despliega un escudo para proteger a quienes peor situación tienen. Un primer paso para no dejar a nadie atrás que marca la diferencia.■
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