#MartaPrades - Un nuevo paradigma, la vivienda por derecho

 

Marta Prades. Diputada Podemos Aragón

Un nuevo paradigma, la vivienda por derecho

Cuando nos encontramos a la mitad de la XIV legislatura, tras más de 40 años de democracia, será ahora, con el primer Gobierno de coalición, cuando nuestro país contará por fin, con una ley estatal de vivienda. Hasta ahora, los gobiernos han estado más interesados en legislar para articular mecanismos fiscales que incentivasen la compra y facilitasen el acceso al crédito, que en garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a toda la ciudadanía; pensando más en promover y garantizar el libre mercado, viendo clientes, donde debía haber ciudadanos.

Ya es hora de legislar para que la vivienda cumpla con su función social. La vivienda es un derecho social y los derechos sociales se garantizan de forma igualitaria gracias a la intervención pública, y la desmercantilización de estos derechos pasa porque se garanticen desde la esfera pública. La ley de vivienda ha sido la negociación más difícil desde que llegamos al Gobierno, pero gracias al esfuerzo y al tesón de nuestras compañeras y compañeros de Unidas Podemos, la tramitación de esta ley supondrá continuar avanzando hacia un país más democrático e igualitario.

La Ley de Vivienda que ha acordado el Gobierno de coalición no está contra ninguna persona. Es una ley que está contra el abuso y la especulación y que viene para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional.

Esta ley regulará el precio del alquiler en zonas de mercado tensionado. Obligará a los grandes propietarios -más de 10 viviendas- a bajar los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos. También se congelarán los precios en el caso de los pequeños propietarios, pero estos se verán beneficiados de importantes beneficios fiscales Serán las Comunidades Autónomas quienes determinarán las zonas tensionadas. Para movilizar el parque público de alquiler se establecerá una reserva del 30% en todas las promociones de vivienda protegida. Los ayuntamientos podrán establecer un recargo en el IBI de hasta un 150% sobre aquellos inmuebles que lleven dos años vacíos sin causa justificada. Y se establecerá la suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad.

Con esta ley se pone freno a los fondos buitres, y por primera vez, se interviene directamente desde el Estado a favor de la ciudadanía. La vivienda es un derecho social y los derechos sociales desmercantilizan lo esencial para una vida digna.■