#AndoniGarcía - Aprobación de la PAC: Una oportunidad perdida

Aprobación de la PAC 

Una oportunidad perdida

A finales de 2017 se lanzó por la Comisión Europea la Comunicación sobre el futuro de la PAC. En junio de 2018 se presentaron los textos legislativos y en abril del 2019, se realizó la primera votación de las enmiendas y los textos en la Comisión de Agricultura del Parlamento, justo antes de las elecciones. Lo aprobado en aquella Comisión de Agricultura empeora la propuesta de la Comisión europea respecto de las ayudas de la PAC: se cede a la presión de los lobbies y del statu quo; sí se dan algunas mejoras en el Reglamento de la OCM (Organización Común de Mercados).

En la segunda mitad de 2019, el nuevo Parlamento asume esa primera votación pues podría haber devuelto la Reforma y, sin embargo, le da continuidad. Por su parte, la nueva Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen presenta sus objetivos y hoja de ruta a través del Pacto Verde Europeo que son las líneas directrices de la UE para una transición a un modelo económico basado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental, con el que se pretende dar respuestas al reto sobre el cambio climático y los compromisos que la UE adquirió en los acuerdos de Paris. En este Pacto se incluyen la Estrategia “De la Granja a la Mesa” y la de Biodiversidad, cuya base y objetivo es el impulso y transición a modelos alimentarios sostenibles y resilientes.

Se crea entonces una fuerte incertidumbre e inseguridad jurídica, acerca de si se deben incluir de manera obligatoria en la PAC los objetivos y medidas del Pacto Verde y las estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad. De hecho las negociaciones en el trilogo (entre la Comisión europea, El Parlamento y el Consejo) se realizaron sin que estuviera claro la inclusión de dichas medidas obligatorias, por ejemplo: la reducción del 50% de plaguicidas, la reducción del 50% de antibióticos en la ganadería antes del 2030, o que para el 2030 un 25% de hectáreas en la UE sean de producción ecológica.

Como vemos, la aprobación de la Reforma de la PAC no ha ido en consonancia con los nuevos momentos políticos impulsados por la Comisión Europea y también por el nuevo Parlamento. Esta reforma, además, no entrará en vigor hasta el 2023, 6 años de después de proponerse y los instrumentos legislativos que incluye, como la regulación del mercado y el presupuesto no responden a los nuevos objetivos que las instituciones europeas ya han establecido en el pacto Verde y las Estrategias De la Granja a la Mesa y biodiversidad.

En febrero de 2020, la Coordinadora de la Via Campesina Europa, analizando toda esta situación y esta PAC obsoleta, pedía la devolución de los textos de la PAC y el comienzo de una nueva propuesta.

A día de hoy, podemos decir que esta PAC es una oportunidad perdida. No se da respuesta a las necesidades de los pequeños y medianos agricultores europeos respecto a los precios bajos de sus producciones, a la falta de ingresos, al cierre de su granjas y fincas, a la necesidad de incorporar más personas en la agricultura en Europa, y a una mayor distribución de la producción en más zonas y con más agricultores. Tampoco se va a dar respuesta a las demandas de la sociedad europea para conseguir sistemas alimentarios más sanos y sostenibles dando más fuerza a los múltiples proyectos que la ciudadanía está impulsando a nivel local buscando una relación continua con los agricultores.

Esta PAC va a seguir condicionada por la política comercial neoliberal de la UE y los agricultores van a seguir viendo cómo sus precios son cada vez más bajos y volátiles debido a las consecuencias que los acuerdos de libre comercio tienen sobre la agricultura y la alimentación. Mientras la UE habla de modelos más sostenibles de agricultura y alimentación, la Política Comercial, más determinante que la condicionalidad medioambiental de las ayudas de la PAC, determinará, igual que en este momento, el modelo agricultura europeo que camina hacia la industrialización y uberización del campo.

Además, cuando nos acercamos a la aplicación más concreta en los Estados, y viendo concretamente el caso del estado español, todavía el análisis es más duro. La situación de la falta de ingresos suficientes para mantener las rentas de los agricultores (que en el Estado español es el 70% de la renta media de la población), genera una situación que nos obliga como organización, a intentar que su aplicación no suponga una disminución de rentas a los pequeños y medianos agricultores.

Otros problemas añadidos son que la PAC no tiene herramientas de regulación del mercado para que los precios que cubran los costes de producción y, sin embargo, tenemos mayores exigencias medioambientales y unas ayudas más condicionadas, que no incluyen los aspectos sociales ni una transición justa a modelos de agricultura más sociales y sostenibles.

Todo esto es aprovechado en las negociaciones para su aplicación en el Estado español por los que defienden el statu quo, y que la foto de las ayudas no se mueva, abriendo una disputa territorial basada en dicho statu quo para que no cambie la actual distribución de las ayudas, ni entre agricultores ni entre comunidades autónomas.

Esto genera una impotencia muy importante, entre aquellos que en los años anteriores se han visto discriminados por derechos de ayudas por hectárea más bajas que sus propios vecinos, siendo la misma producción y hectáreas. Y, por otra parte, los llamados derechos históricos de la PAC, mediante los cuales, pueden estar recibiendo ayudas personas que dejaron la actividad.

Por otra parte, también hay que contemplar la situación de muchas personas jubiladas que cobran estas ayudas y que, si bien es verdad que la jubilación que cobran es escasa, no es posible resolverla con ayudas de la PAC que se necesitan para sostener las rentas de los pequeños y medianos agricultores que viven ahora de su actividad agrícola o ganadera.

Esta reforma trae consigo una mayor subsidiariedad para los países e incluye un nuevo instrumento como son los eco-esquemas, un 25% del presupuesto del primer pilar. Las posiciones medioambientales han impulsado este nuevo eje, pero además de lo compleja que es su aplicación (muy parecidas a las ayudas agroambientales del 2º pilar) no contempla una transición hacia modelos más sostenibles, va a ir a compensar las inversiones o actuaciones medioambientales, genera muchas dudas sobre su utilidad y puede suponer nuevos elementos burocráticos para no cambiar nada.■

Andoni García Arriola
Miembro de la Ejecutiva de COAG
Miembro del Comité de la Coordinadora Europea Vía Campesina y consejero del Comité Económico y Social Europeo