NACHO MARTÍNEZ 01/01/2024
OPINIÓN | CYC 109 | GUERRA JUDICIAL
Lafware en España
En la mayoría de las ocasiones es difícil explicar el verdadero papel del Estado, la continuidad y reproducción del sistema social en el que se desarrolla. Para ello se dota de una estructura legal: policías, militares, jueces, prensa y todo tipo de instituciones. También recurre a lo que popularmente denominamos cloacas del Estado que ejerciendo la misma función que la estructura legal, solo que saltándose las leyes y normas de las que se dota. De hecho, hay figuras intermedias como los servicios de inteligencia o los fondos reservados.
Desde la Transición, no han dejado de actuar en el Estado Español. El Batallón vasco-español, los GAL, el 23-F, la ocultación de la corrupción de Juan Carlos y del PP, la policía patriótica contra los independentistas catalanes o la campaña de lawfare contra Podemos. No son hechos aislados, no son elementos inconexos o ajenos al propio Estado que ante la posibilidad de verse superado ejecuta acciones al margen de la legalidad que ampara al propio Estado.
En este artículo me voy a centrar en la campaña jurídica, y mediática contra Podemos. Siendo lawfare un anglicismo interpretable y discutible, la palabra supone la utilización del aparato judicial para atacar a un rival político. Si bien es cierto, que para que tenga éxito es imprescindible la participación de medios de comunicación “amigos” del Estado o, de los servicios de “inteligencia”, la clave está en la denominada Justicia. Se supone que esta y, sus participes son independientes, neutrales y justos, por tanto, investidos de esa autoridad moral para ejercer la persecución de teóricos delitos del enemigo de la sociedad.
Alguien podrá decir, con razón, que no son todos los jueces los que son participes de esa forma de actuar. Es obvio, es una minoría la que ha realizado una persecución jurídica contra Podemos, pero esa minoría ha actuado sin ningún miedo a ser reprendida por las instancias superiores. Nadie imagina a jueces haciendo lo mismo contra el PP o VOX sin que fueran obligados por su superiores jerárquicos a dejar ese tipo de actitudes, sabiendo que se arriesgan a ser suspendidos y apartados de la carrera judicial.
Es obvio que la Transición no tocó ni el Ejército ni la Justicia, dos de los ejes fundamentales del Estado franquista y el actual –de hecho son el mismo Estado–. La Justicia en el Estado Español estaba y está dominada por sectores muy conservadores, no resulta excepcional ver a sagas de “ilustres” juristas en una endogamia continua. Quizá, la muestra más evidente de que poco tienen que ver con la realidad social que dicen juzgar es el grado de representación de las asociaciones judiciales, mientras el 47% pertenecen a organizaciones conservadoras, apenas un 8% lo hace a la única organización progresista. La desproporción es evidente, hunde sus raíces en la tradición derechista de la Justicia y en la dificultad para acceder a los hijos de una familia humilde a una oposición que exige dos o tres años más que los estudios universitarios y el pago de preparadores a un precio desorbitado por clase.
La persecución contra Podemos empezó poco después de su aparición en las elecciones europeas de mayo de 2014. Su primer resultado electoral y las expectativas de voto que llegó a tener fueron muy sorprendentes. En noviembre de 2014 se sitúa como primera fuerza política en una encuesta realizada por El País en el que alcanzaba un 27% de voto, era una más de las encuestas que hacían presagiar un cambio radical en la política del Estado español.
Con un programa económico en el que se pedía la reducción de la jornada laboral a 35 horas, jubilación a los 60 años, derogación de las últimas reformas laborales de los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, además de derogar todos los recortes de esos años, del secreto bancario y de la ley mordaza. La aplicación de una renta básica para todos los ciudadanos e intervención del Estado en la economía, reforma del IRPF para gravar a las rentas altas y un impuesto al lujo. Era un programa socialdemócrata de izquierdas que generó ilusiones en amplios sectores sociales y miedo en el IBEX 35 y todos sus satélites mediáticos, jurídicos y políticos.
Empiezan las querellas
En 2015 se presentó una querella contra Podemos en la que se le acusaba de blanqueo de capitales y falseamiento de cuentas electorales. El querellante fue el Partido Socialista de la Justicia, organización dirigida por el abogado y conseguidor Rodríguez Menéndez. En ella se mencionaba una supuesta financiación ilegal desde Venezuela a Podemos. En mayo de 2015 fue el pseudosindicato Manos Limpias el que pretendió imputar a Pablo Iglesias acusándolo de pertenecer a organización criminal, apropiación indebida, tráfico de influencias, cohecho y delito contra la Hacienda Pública. Las dos querellas son inadmitidas sin ninguna repercusión contraria para los demandantes.
En julio de 2016 se archiva una denuncia presentada por Unión Cívica Española y otros, contra Podemos y Pablo Iglesias, los supuestos delitos son: financiación ilegal, delito fiscal y blanqueo de capitales. El juez que decide archivar la denuncia hace constar que la demanda se basa en informaciones de prensa que no tienen base jurídica alguna. Apoyadas estas informaciones en un informe policial, denominado P.I.S.A. Este informe aparece en los medios y en los juzgados sin membrete ni firma de ningún tipo pero, sirvió para atacar a Podemos.
Que jurídicamente no tuviera ningún recorrido no impidió que diversos medios de desinformación y manipulación citaran el informe como verídico, omitiendo la fuente, la ausencia de firma y membrete. Hubo portadas y tertulias donde fue el tema estrella, justo después de que Podemos obtuviera 69 diputados en diciembre de 2015 y ante la posibilidad de formar gobierno con el PSOE se realiza la conspiración mediático política. No sabemos en qué forma pudo afectar al resultado de Podemos en la posterior convocatoria electoral de junio de 2016. Como no podía ser de otra forma, el PP colaboró al fuego mediático creando una comisión de investigación en el Senado, llegando a decir para justificar su creación estar “muy cerca” de poder afirmar que Podemos se financió ilegalmente con dinero de Venezuela e Irán. “Tenemos indicios más que racionales”, dijeron.
Ya no eran organizaciones residuales y medios de manipulación los que se hacían eco de burdas mentiras, el PP, máximo beneficiado de esta campaña, se pone a la cabeza de la misma dando veracidad o lo que sabían falso. También fue amplificado en medios por periodistas como Ana Terradillos en la Cadena Ser, no solo la caverna mediática, también supuestos medios progresistas.
En julio de 2016 se archiva una demanda de un particular contra Pablo Iglesias al amparo de unas supuestas cuentas en las Islas Granadinas. En marzo de 2017 se vuelve a archivar una denuncia similar interpuesta por VOX. Posteriores grabaciones demostraron que se trataba de una conspiración con el único sentido de castigar a Podemos, en la que participa García Ferreras, afirmando “es muy burdo, pero vamos con ello”. La justicia vuelve a reiterar que son meras informaciones periodísticas sin valor probatorio alguno.
El Caso Rosell
Las conspiraciones contra Podemos continuaron, siendo paradigmático el caso de Victoria Rosell, jueza en excedencia y diputada de Podemos por Las Palmas en las elecciones Cortes Generales de diciembre de 2015. Esta vez, es el juez Santiago Alba, sucesor de Rosell en el juzgado, quien junto al empresario Miguel Ángel Ramírez que estaba siendo investigado por Rosell antes de ser elegida diputada. El 23 de noviembre de 2015, a unos días de las elecciones generales de diciembre de ese año y en un primer intento que cuenta con la colaboración del entonces ministro José Manuel Soria, la fiscalía provincial abre una “investigación preprocesal”, que ordena archivar el TSJC, ante la denuncia de la juez Rosell.
No se dan por vencidos, ni el Juez Alba ni Miguel Ángel Ramírez, que se reúnen a solas y en secreto, en marzo de 2016, en el despacho del magistrado. Miguel Ángel Ramírez grava la conversación. Se ponen de acuerdo para perseguir a Victoria Rosell, como contraprestación a lo que debe declarar el empresario, este recibe la promesa del juez de archivar y denegar cualquier actuación contra él como acusado. Posteriormente, en ese mismo mes y en el juzgado reproducen lo acordado con anterioridad de forma oculta. Soria se hace eco de lo publicado respecto a la declaración de Ramírez y lo utiliza para demandar a Rosell, mientras el juzgado deniega una copia de la declaración solicitada por Victoria Rosell. En abril de ese mismo año, el Tribunal Supremo admite a trámite la demanda del Soria contra Rosell por injurias y calumnias. Como consecuencia de esta situación Rosell se ve obligada a dejar su escaño como diputada y no se presenta a las elecciones de junio de 2016.
En mayo de 2016, Miguel Ángel Rodríguez entrega a la jueza Vallejo –que sustituye a Alba en el juzgado– parte de la grabación de la conversación secreta con Alba. Vallejo ve indicios de delito en Alba, por lo que abre diligencias y envía un informe al TSJC con lo sucedido, este tribunal abre un expediente de expulsión inmediata de la carrera judicial del juez Alba, que tras varios años de procedimiento y recursos es apartado definitivamente de su profesión y condenado a 6 años de cárcel. Con todo y con eso, no se ha hecho justicia. Rosell tuvo que ver varias “penas de portada” en la que se le acusaba de todo tipo de artimañas para ocultar delitos de la empresa de su marido, el motivo o la causa era lo de menos, importaba la portada para desacreditarla a ella y a Podemos. Nunca sabremos lo que hubiera ocurrido si la jueza Vallejo no llega a sustituir a Alba, o si el empresario no entrega parte de esa conversación ante el relevo del juez –posteriormente la guardia civil se hace con la conversación integra–. No todos tenemos conocimientos jurídicos para defendernos de determinadas acusaciones ni tenemos los recursos para hacerlo, por suerte para Rosell, ella gozaba de esas dos capacidades.
El caso Dina Bousselham
No es fácil calificar un caso como este, más allá de la implicación de medios de comunicación, del Centro Nacional de Inteligencia, y de un juzgado con una participación, al menos peculiar.
El origen del caso es el robo del teléfono móvil de una compañera de Podemos, Dina Bousselham. Aparentemente, fueron los servicios de información los que lo robaron, de hecho, el teléfono aparece en casa del comisario Villarejo en un registro, aunque parece confirmarse que se la entregan los que entonces eran director y subdirector de la revista Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles.
La acusación contra Pablo Iglesias era que Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, entregó una copia de la tarjeta al dirigente de Podemos y, tardó demasiado en devolverla. A lo largo de todo el proceso la perjudicada exonera a Pablo Iglesias de cualquier responsabilidad, cuestión que según anticorrupción impediría su investigación, aun así, es investigado y se llega a insinuar, en algunos medios, que en la tarjeta aparecen cuestiones intimas e inconfesables que terminarían con la vida política de Dina Bousselham y Pablo Iglesias.
Tras casi cinco años de instrucción, el juez García Castellón archivo el caso contra Pablo Iglesias, por supuesta revelación de secreto y daño informático. No somos conscientes de que rompiera un disco duro a martillazos como sucedió en la sede del PP, sin embargo, la investigación de este juez –con una querencia especial a Pablo Iglesias y Podemos– se alargó más de lo razonable, sin otro sentido que no fuera la amplificación mediática de delitos absurdos e inexistentes de los medios de siempre.
El Caso Neurona
Este caso empieza con la denuncia de un abogado despedido por Podemos en verano de 2020, José Manuel Calvente y, se extiende durante más de tres años hasta diciembre de 2023. En base a comentarios que llegaron a oídos del denunciante se admite a trámite una investigación judicial inaudita.
Las pesquisas se centran en unos trabajos realizados por una consultora mexicana llamada Neurona. La primera vía de investigación se abre para demostrar que esos trabajos no se realizaron, una vez presentados los trabajos, el juez abre una nueva vía por la que los trabajos no se ajustaban al precio del mercado. Los posteriores informes periciales muestran que la consultora cobre precios acordes al valor del mercado.
El juez en un exceso de celo encomiable, abre 8 líneas de investigación, entre las que se encuentran la caja de solidaridad de los cargos públicos de Podemos, complementos salariales, licitación irregular de obras en la sede y como remate “el caso Niñera”. El juez abre en canal la contabilidad general de Podemos y la de todos los miembros que considera relevantes desde su óptica. Una tras otra son investigaciones prospectivas, prohibidas por la ley, por si aparece algo.
El Caso Niñera
Especialmente en esta imputación semuestra la persecución y saña con la que se emplean algunos contra Irene Montero y Pablo Iglesias. Tras la denuncia de otra exabogada de Podemos que afirmó, que se dedicó dinero de la campaña electoral para cuidar a los hijos de la pareja. También se investigó a una diputada de Podemos por ir en listas electorales para con un salario público ejercer de niñera de los hijos de la pareja Montero-Iglesias. Las pruebas de este nuevo escándalo mediático son unas supuestas fotografías de la diputada con los niños. Sin ninguna prueba, ni indicio, se llega a una vil persecución personal.
Han sido tres años en los que el juzgado no ha dejado de alimentar a la caverna mediática para sostener titulares con los que atacar a Podemos y especialmente a Iglesias y Montero.
El juez Escalonilla investigó mucho, pero tuvo que archivar todas las vías de investigación, puesto que no había nada delictivo ni indicio alguno que investigar. Llegó a imputar a Pablo Iglesias, para desimputarlo posteriormente al ser incluido en palabras del propio juez “indebidamente”. Como si fuera un error de impresión de un texto, sin ninguna disculpa ni sanción para un juez que actúa “indebidamente” y añado yo, casualmente contra Pablo Iglesias después de investigar hasta las relaciones personales de unos padres con sus hijos.
La justicia independiente
Esta persecución hacia Podemos, no cabría nunca contra el Partido Popular o VOX, no han sido casos aislados. Si esa misma justicia hubiera vigilado en una décima parte a PP, PSOE y VOX, no hubieran sido posibles los casos de corrupción del PSOE en la época del felipismo, ni los grandes casos de corrupción del PP con su caja B incluida. En cuanto a VOX, el traspaso a un cuenta “central” que hace de fondos asignados a grupos municipales y grupos parlamentarios para su actividad deberían estar siendo investigados, por no hablar del desvío de fondos a una fundación presidida por su plenipotenciario dirigente.
Algo me dice que si Podemos hubiera hecho algo similar tendría sus sedes cerradas y a sus dirigentes encarcelados, para eso bastaría con la denuncia de un particular y los escandalosos titulares en determinados medios de comunicación. Las denuncias públicas sobre irregularidades realizadas por excargos públicos de VOX serían más que suficientes para encausar a Podemos.
No ha sido la única organización que ha sufrido este tipo de ataques, y seguro que me he dejado algún caso más contra Podemos, han sido veinte causas archivadas contra este partido político. Otros casos similares, como fue el del diputado, entonces de Podemos, Alberto Rodríguez, inhabilitado por el Tribunal Supremo con la inestimablemente colaboración de la presidencia del congreso de los diputados, por una supuesta agresión a un policía, sin ningún daño, y basándose solo en la declaración del policía en cuestión.
Siento dejarme casos similares. Entre los que recuerdo la persecución a Antonio Rodrigo Torrijos con cuatro causas abiertas durante más de diez años, acusado de corrupción y que le han destrozado su vida política y personal por mucho que con el tiempo ha sido absuelto de todos los cargos. El caso de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, acusados por el PP de prevaricación y malversación en el caso Open Tenis, finalmente la Audiencia Provincial de Madrid los absolvió y condeno a costas al PP por actuar en la demanda de mala fe. O el acoso jurídico, sistemático, contra Ada Colau y su gobierno municipal con denuncias todas de fondos de inversión o de inmobiliarias para dañarlos electoralmente.
Hoy es Podemos, mañana será cualquiera que moleste al poder. La opinión política sobre los aciertos y errores de Podemos es debatible, no pretendo defender ni atacar al conjunto de su actividad política, eso merece otro artículo. Lo que pretendo, es denunciar los métodos y la utilización de la Justicia y muchos medios de comunicación para desacreditar a rivales políticos. Si especialmente duros han sido con Podemos, ha sido porque ha supuesto el mayor riesgo para el régimen del 78 desde su nacimiento, por cuestionar el sistema y por ser la expresión política del 15-M y las movilizaciones posteriores contra los desahucios, contra las privatizaciones, recortes, etc. Quieren enterrar ese recuerdo, acabar con la idea de que es posible transformar la realidad y de que hubo una gran oportunidad para hacerlo.
En este artículo no se pretende juzgar, solo contar hechos. Múltiples causas judiciales acompañadas de mentiras mediáticas para erosionar a rivales políticos cuando estorban al poder establecido, da igual que después se les absuelva, incluso que se le paguen las costas judiciales. La presión que ejercen, no solo daña la imagen, sino que obliga a destinar tiempo y recursos a la defensa de ataques infundados, quitando tiempo y lucidez para la tarea por los que han sido votados. Por otro lado, los medios que lanzan portadas cuando se investiga a alguien de Podemos, apenas informan, si lo hace, cuando son absueltos.
Es absurdo hablar de independencia judicial en abstracto, habría que preguntarse, independencia de quién, respecto de quién y para qué. No puede ser que los jueces se sitúen por encima del bien y del mal, menos aún que estén al margen del control democrático de su función en la sociedad. Gallardón dijo que quería acabar con el obsceno espectáculo de jueces juzgando a políticos elegidos por los políticos. Nada dijo del obsceno espectáculo de jueces, juzgados por jueces, sin ningún control democrático y político.
PP y VOX conocen muy bien la justicia de nuestro país, heredera directa del franquismo y con una marcada mayoría de derechas en la carrera judicial. Pretenden que sus aliados naturales tengan todo el margen posible para reprimir a sus adversarios políticos y omitir o minimizar los “pecados” jurídicos de los suyos, los de los poderosos de siempre. Mientras, a la izquierda le falta quitarse complejos y reivindicar una justicia con un control democrático efectivo sobre la justicia y los jueces.■
Nacho Martínez
Militante IU-Zaragoza
No hay comentarios:
Publicar un comentario