A primera hora, antes de que el sol endurezca la tierra, el campo bajoaragonés tiene una belleza casi severa. Las hileras de frutales dibujan una geometría paciente; los olivos, más antiguos que muchas biografías, parecen custodiar la memoria de lo que aquí siempre se ha sabido: que la tierra no da nada sin manos. Hay manos que podan, aclaran, embolsan, recogen, cargan, clasifican. Manos de aquí y de lejos. Manos jóvenes, cansadas, expertas, recién llegadas. Manos que, durante unos meses, sostienen una parte esencial de la economía rural y luego desaparecen del relato público, salvo cuando se habla de problemas.
Al temporero se le mira muchas veces de paso. Como si fuera una figura estacional, no una persona. Como si llegara con la campaña y se marchara con ella, sin pasado, sin familia, sin miedo, sin ambición, sin derecho a una vida completa. En el Bajo Aragón Histórico la presencia temporera es una evidencia agrícola y, cada vez más, una cuestión social.
El dato en los titulares es claro: para la campaña de la fruta de 2026, Aragón prevé contratar entre 20.000 y 25.000 personas, en un sector agroalimentario que representa alrededor del 10% de la economía aragonesa. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, lo formula en términos de impacto territorial al señalar que la campaña supone «un importante impacto económico en nuestro territorio, en especial en áreas habitualmente despobladas», y exige «garantía y seguridad jurídica».
Hablar del temporero bajoaragonés obliga a empezar por una obviedad que a menudo se olvida: no viene a ocupar un hueco simbólico, sino un puesto de trabajo real. La fruta de hueso, el melocotón, la cereza, la nectarina, el paraguayo, la oliva, la almendra o la verdura no entienden de discursos, sino de tiempos. Hay días para aclarar y días para recoger. Si se llega tarde, el fruto cae, se pasa, pierde calibre o valor.
En 2025, UAGA-COAG estimó que Aragón recogería unas 630.000 toneladas de fruta de hueso, un 3,5% más que el año anterior, y calculó que harían falta unos 20.000 temporeros: 12.000 en el campo y otros 7.000 en almacenamiento y logística. Entre las comarcas con superficie frutal relevante figuraban Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y Matarraña, junto a Valdejalón, Bajo Cinca, Calatayud, Aranda y La Litera.
La palabra temporero, sin embargo, engaña. Sugiere improvisación, cuando muchas campañas se sostienen sobre trabajadores fijos discontinuos, plantillas que regresan y cuadrillas que conocen los ritmos de cada finca. UAGA ha señalado que buena parte de los trabajadores del sector fruta son fijos discontinuos y se incorporan progresivamente a las explotaciones según avanza la campaña.
El estereotipo presenta al temporero como alguien ajeno al territorio. La realidad es más porosa. Muchos llevan años enlazando campañas, empadronándose, trayendo a sus familias, escolarizando a sus hijos, aprendiendo la lengua cotidiana del bar, del colegio, del almacén, del centro de salud. No todos se quedan. No todos quieren quedarse. Pero muchos ya forman parte de la estructura demográfica de pueblos que, sin ellos, serían más viejos, más pequeños y más silenciosos.
El dato más claro aparece en Bajo Aragón-Caspe, quizá el laboratorio social más visible de este fenómeno. Según la ficha territorial del IAEST, la comarca tenía 15.570 habitantes a 1 de enero de 2025. De ellos, 4.457 eran de nacionalidad extranjera, el 28,63% de la población. La procedencia mayoritaria era africana, con 1.848 personas; después asiática, con 1.306; y europea, con 1.161. Las nacionalidades más frecuentes eran Marruecos, con 1.641 habitantes; Pakistán, con 1.223; Rumanía, con 659; Países Bajos, con 110; y Argelia, con 72.
No son cifras frías, son la explicación de por qué una comarca rural se parece hoy menos a una postal detenida y más a un cruce de caminos. La propia Comarca Bajo Aragón-Caspe reconoce en su II Plan de Convivencia en la Diversidad Cultural 2023-2026 que ya en 2018 uno de cada cinco habitantes era de origen extranjero, una proporción que situaba al territorio como la comarca aragonesa con mayor presencia de residentes extranjeros. Esa presencia, añade el plan, ha suavizado la tasa de masculinidad y ha aumentado la proporción de población activa.
La diversidad no es una abstracción. Los servicios comarcales describen una convivencia de más de cincuenta nacionalidades, con localidades como Caspe y Chiprana donde la población extranjera ronda casi el 30%, proporción que aumenta durante los meses de campaña agrícola.
Ese dato derriba el primer tópico: el temporero no es una masa indiferenciada. Hay marroquíes, pakistaníes, rumanos, argelinos, latinoamericanos, subsaharianos, vecinos de otros puntos de España y trabajadores locales. Hay hombres solos que mandan dinero a casa; familias asentadas; jóvenes que comparten habitación; padres que quieren regularizar su situación; mujeres que trabajan en almacenes, cuidados o servicios; hijos que ya hablan con acento de aquí.
El segundo tópico es más incómodo: pensar que la dureza del campo justifica la precariedad. No la justifica. La campaña exige flexibilidad, esfuerzo físico y adaptación al clima, pero no queda fuera de la ley. El BOE fijó para 2026 el salario mínimo interprofesional en 40,70 euros al día o 1.221 euros al mes, y estableció que las personas con contratos de duración determinada de hasta 120 días no pueden percibir menos de 57,82 euros por jornada legal en la actividad.
En la parte zaragozana del Bajo Aragón Histórico, el convenio agropecuario provincial se aplica a empresas agrícolas, forestales y pecuarias y también a actividades complementarias como la manipulación, envasado o primera transformación cuando dependen de la explotación. Ese convenio exige contratos por escrito y prevé que las altas del personal temporal o fijo discontinuo se tramiten antes del inicio de la jornada laboral.
La distancia entre la norma y la realidad es, precisamente, el terreno donde se juega esa dignidad. La Inspección de Trabajo informó en Aragón de alrededor de 900 personas detectadas sin autorización para trabajar, con sanciones cercanas a los nueve millones de euros. Román García, director territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón, es tajante: «No sale a cuenta ocupar a una persona en situación irregular», no solo por las sanciones, sino por las responsabilidades derivadas de accidentes o prestaciones. «Cualquier trabajador que está ocupado tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente, a que se le proteja su seguridad y salud con independencia de la situación administrativa que tenga en España», añade.
Beltrán, en la misma línea, defiende que la inmigración representa aproximadamente un 15% de los trabajadores activos en Aragón y que la regularización puede ser un «beneficio económico y social», porque se trata de personas que ya están aquí y que las empresas demandan para cubrir puestos que no encuentran.
Pero el trabajo no termina cuando acaba la jornada. Empieza entonces otro problema: dormir. En el Bajo Aragón-Caspe, el periódico La Comarca informó en mayo de 2025 de que la llegada de 3.000 trabajadores del campo tensionaba una vivienda ya escasa. La Asociación de Inmigrantes Magrebíes del Bajo Aragón-Caspe reclamaba un albergue y denunciaba situaciones de hacinamiento.
La vivienda es el punto donde se rompen muchos discursos complacientes. Se reclama mano de obra, pero no siempre se prevé dónde alojarla. Se pide regularidad administrativa, pero a menudo se ignora que sin domicilio estable todo trámite se complica. Se exige convivencia, pero se empuja a decenas de personas a competir por alquileres insuficientes en pueblos pequeños, donde el parque disponible es limitado y los precios suben cuando la demanda aprieta.
UAGA ha señalado la importancia de los albergues municipales para apoyar a los fruticultores y garantizar alojamiento, poniendo como ejemplo Tamarite de Litera, donde existe un recurso municipal gestionado por una asociación de productores.
El estereotipo cumple una función cómoda, simplificar. Convierte a personas concretas en una categoría sospechosa. Si hay un problema de vivienda, se culpa al que busca una cama. Si hay tensión en los servicios, se señala al que los utiliza. Si hay economía sumergida, se mira antes al trabajador vulnerable que al empleador que incumple. Es una inversión moral peligrosa.
La realidad pide más precisión. Sin población migrante, muchas campañas no podrían salir adelante. En una comisión de las Cortes de Aragón se llegó a afirmar, citando un estudio de UAGA, que más del 80% del trabajo agrario en Aragón está en manos de población migrante, y que comarcas como Bajo Aragón-Caspe, Valdejalón o La Litera concentran producción agraria y una elevada presencia de vecinos extranjeros. En esa misma intervención se resumió de forma directa: «Sin la población inmigrante no se puede recoger la fruta y muchos árboles quedarían sin podar».
Eso no significa idealizar. Hay conflictos, choques culturales, abusos laborales, irregularidades, pisos saturados, brechas lingüísticas, soledades, miedo y explotación. También hay agricultores que cumplen, cooperativas que organizan bien, ayuntamientos que intentan responder con pocos recursos, entidades sociales que median, vecinos que ayudan y trabajadores que sostienen con su jornal a familias enteras.
El Gobierno de Aragón dispone de un Servicio de Inclusión Social e Inmigración que financia recursos de entidades sociales, entidades locales y agentes sociales para atender a personas de origen extranjero. Su propia formulación insiste en la integración social, laboral y económica, así como en la igualdad de oportunidades.
El Bajo Aragón Histórico ha vivido siempre de una mezcla de arraigo y marcha. Se fueron algunos de sus hijos a Zaragoza, Barcelona, Francia o Alemania. Llegaron otros de Marruecos, Pakistán, Rumanía o Argelia.
El temporero no pide ser el protagonista de una historia épica. Pide un contrato, un salario, un alojamiento, un descanso, un transporte, unos papeles cuando la ley lo permita, un respeto cuando entra en una tienda, una atención cuando va al médico, un aula para sus hijos si se queda o una cama que no cueste media nómina. Pide, en realidad, lo mismo que pediría cualquiera.
Derribar el estereotipo no consiste en negar los problemas. Consiste en nombrarlos bien. El problema no es que lleguen temporeros. El problema es necesitarlos sin reconocerlos; contratarlos sin integrarlos; alojarlos sin planificar; exigirles esfuerzo sin garantizar derechos; convertirlos en sospechosos cuando, en realidad, son parte de la respuesta a la despoblación, a la falta de relevo y a la fragilidad productiva del campo.
La fruta no se recoge sola. Y quienes la recogen no son sombras de temporada. Son trabajadores. Son posibles vecinos. Son padres, madres, hijos, nietos, amigos, conocidos, jóvenes, mayores, creyentes, agnósticos, ateos, prudentes, orgullosos, cansados. Son, sobre todo, personas. Y si el Bajo Aragón quiere seguir mirando al futuro sin renunciar a su tierra, tendrá que empezar por mirarlos de frente.
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