Tras la jornada de huelga en defensa de la educación pública de Aragón que tuvo lugar en enero, la cual desembocó en una movilización secundada de manera masiva, la semana pasada se produjo una segunda convocatoria que volvió a contar con miles de personas en las calles. En ella se volvió a reafirmar el destino de los recursos públicos para la educación pública, el aumento de la inversión en infraestructuras, la disminución de las ratios, el incremento de apoyos para la atención a la diversidad, la mejora de las condiciones del personal educativo ante la pérdida de poder adquisitivo, la necesidad de una normativa para las actividades extraescolares y el rechazo a la privatización de la enseñanza con la concertación del Bachillerato, la Formación Profesional y la etapa de 0 a 3 años.
Sobre este último elemento pivota la mayor parte de la indignación. Para comprender dicho aspecto, resulta necesario realizar una observación a partir de una perspectiva amplia. Aragón cuenta desde 1999 con 8 centros educativos que tienen el Bachillerato concertado, pero no está extendido en su totalidad. Las etapas obligatorias de la educación primaria y secundaria se han concertado y mantenido desde hace décadas durante los sucesivos gobiernos encabezados por el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Aragonés.
Además de la contextualización histórica, se debe acudir a los datos económicos. El reciente Gobierno compuesto por el PP y Vox va a dedicar una partida inicial de 2,7 millones de euros para la concertación del primer curso de Bachillerato durante el próximo año escolar 2026-2027, cuyo gasto anual se elevará hasta los 7 millones de euros. El objetivo, según lo anunciado por el Departamento de Educación, es ampliarlo de manera progresiva en el curso 2027-2028 con el fin de concertar entonces Segundo de Bachillerato. En total, va a suponer una cantidad total aproximada de 19 millones de euros al año cuando esté implantado de forma completa.
Los recursos públicos son una evidencia de vasos comunicantes. Lo que se detrae de un lado sirve para impulsar otro. Con ello se pone de manifiesto la elección del modelo ideológico y social que se quiere priorizar. En una situación donde las reivindicaciones de la comunidad educativa son patentes ante el deterioro de las condiciones de la escuela pública, se ha optado por potenciar lo contrario, donde el Gobierno de Aragón aprobó el año anterior un gasto plurianual de 1.013 millones, abierto a variaciones, para financiar desde 2025 hasta 2031 el conjunto de la educación concertada y hasta 23 centros han realizado la solicitud para concertar el Bachillerato el próximo curso.
Puede haber quien piense que esto es debido a la insuficiencia para acoger el volumen de alumnado de esta etapa posobligatoria. Desde diversos colectivos educativos y sindicales han señalado que existen en la red pública más de 2.000 plazas sin cubrir en esta etapa. Mientras, en los centros que ya cuentan con el Bachillerato concertado el número de vacantes se eleva hasta las 145, según los datos del Departamento de Educación. En consecuencia, no existe una necesidad en términos de escolarización.
El proceso de privatización también se constata con claridad en la Formación Profesional. Por un lado, se están suprimiendo títulos y se están cerrando grupos en el espacio público con la eliminación de hasta 20 ciclos formativos para el siguiente curso; por otro, está aumentando su oferta en centros privados y concertados, donde, según lo expuesto por Comisiones Obreras, el 77,8 % de las nuevas autorizaciones de Grado Superior se han concedido al ámbito privado. En este desmantelamiento se encuentra, además, la dimensión territorial con un componente central como es el aislamiento del entorno rural ante la concentración de recursos de los grandes núcleos de población.
Lo que sucede en Aragón no constituye una excepción. Cataluña y la Comunitat Valenciana están protagonizando en la actualidad una huelga indefinida, a quienes se unirá la Comunidad de Madrid el próximo curso. El profesorado no puede más y ha decidido plantarse jugándose su propio salario porque esto no se trata meramente de las retribuciones, sino de algo que va mucho más allá.
Lo que la marea verde ha puesto sobre la mesa es que no se puede dar clase en aulas masificadas, en centros que no cuentan con una climatización adecuada, en un modelo público donde los medios son cada vez menores ante el reto de la diversidad y la carga laboral continúa incrementándose. Todo esto ocurre mientras se cacarea de manera constante la libertad de elección, pero no se habla de la igualdad de oportunidades.
El abandono de la educación pública resulta un reflejo de la falta de cuidado de lo común a la par que se promueve el ámbito del sector privado. Es la misma lógica que en la sanidad. Por eso constituye una cuestión de prioridades. Por eso esta lucha no es sectorial, sino transversal. Por eso está en juego el futuro.
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