
Con ocasión del infame desahucio de Maricarmen y la consiguiente oleada de indignación y movilización ciudadanas, la vivienda se ha convertido en un eje central de la conversación pública y, de la -ya- campaña electoral. Abundan los análisis por parte de expertos de todo el abanico ideológico, y por mi parte solamente querría compartir con los lectores una reflexión muy concreta.
Soy de los que piensan que los poderes públicos deben adoptar un papel
activo, y no meramente facilitador, en la dotación de vivienda asequible. En el pasado, esto se hizo mediante las VPO,
con un resultado muy discutible. Al
confundir el «derecho a la vivienda» con el «derecho a la propiedad de la
vivienda» tuvo lugar un fenomenal trasvase de rentas públicas hacia las
privadas, que después alimentó la especulación, cuando muchas familias
(incluyendo, atención, muchas de clase obrera), vendieron a precio de vivienda
libre las VPO de cuyas condiciones ventajosas se habían beneficiado en su día.
Esto constituye una lección sobre lo que no se debe hacer. El objetivo debería ser más bien un parque de
viviendas siempre público, y con un alquiler asequible (entendiendo por
asequible que el coste sea sensiblemente inferior al pago mensual de una
hipoteca). Ese alquiler asequible
tendría dos efectos beneficiosos añadidos: por un lado, contribuiría a «tirar a
la baja» el precio de la vivienda en el mercado libre; por otro lado, el
dedicar menos parte de la renta a pagar alquiler implica una mayor
disponibilidad para otro tipo de consumo o de inversión, con el consiguiente
efecto dinamizador sobre el conjunto de la economía y del empleo.
Aunque se habla de mucha burocracia o poco suelo disponible, creo que el mayor
limitante -y del que casi no se habla- es la financiación. Imaginemos que la sociedad
Fomenta, del Ayuntamiento de Alcañiz, quiere promover este tipo de vivienda.
¿cómo lo paga? En parte, podría acceder a
subvenciones del Estado (si las hubiera), lo cual supone una carga notable
sobre unos Presupuestos a los que ya se exige mucho (y que llevan prorrogados
desde 2023…). Dado que hay un retorno económico, se podría recurrir a
financiación bancaria, pero entonces nos encontramos con que la banca privada
comercial no encuentra atractivo invertir en este tipo de promociones (habiendo
vivienda libre que da mucho más margen), o lo hace con unas condiciones
inasumibles.
La carencia de una verdadera banca pública es, por tanto, un factor
clave. Pagamos ahora las consecuencias
de decisiones desafortunadas en el pasado: una, la privatización de la banca
pública (empaquetada como «Argentaria», ahora en el BBVA) por parte de los
gobiernos de Felipe González y Aznar; otra, el uso torticero de las cajas de
ahorros regionales para operaciones especulativas y de escaparate por parte de
los gobiernos autonómicos de todo color durante los años de la burbuja
inmobiliaria, con la consiguiente desaparición de gran parte de ellas y la
conversión en bancos comerciales de las que quedaron…
Para los que piensen que la banca pública es una cosa del pasado, o un «invento
de rojos», conviene recordar que solo la Asociación Europea de Bancos Públicos
(EAPB) agrupa más de 90 instituciones financieras de 17 Estados, con un de unos
3,4 billones de euros y una cuota de mercado de alrededor del 15%.
Una banca pública fuerte, movida por criterios sociales, y capaz de captar
capital a bajo interés y de aplicarlo en los proyectos sobre el territorio, es
un elemento fundamental de cualquier política de vivienda asequible, y una de
las tareas pendientes de cualquier gobierno que pretenda resolver este tema de
manera socialmente justa.
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