«Mejor, así estamos más anchos». Hace unos pocos días la prensa informaba cumplidamente acerca del auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que avala que la empresa francesa Tarmac, la operadora que gestiona la actividad de guarda y reutilización de aviones en el aeropuerto industrial de Teruel, no tiene derecho a exclusividad en la futura ampliación de este espacio. La firma gala respondió advirtiendo de que sus inversiones para expandirse en la ciudad podrían quedar comprometidas. El primer argumentario de respuesta, coordinado y colectivo como suelen aparentar las tremendamente jerárquicas líneas editoriales en redes sociales, celebra la noticia. Que no inviertan. «Más anchos». Hubo revuelo, normal. Pero el primer golpe tras cientos de empleos amenazados, una fiesta.
Más allá de lo curioso que resulta ver a presuntos turolenses (la IA nace donde quiere, como los de Bilbao) reivindicar una vida más ancha en la provincia de España en la que más ancho se vive, el argumentario sí resucita, actualiza, determinado enfoque ancestral acerca del desarrollo sobre todo del rural aragonés. Escondido, inconfesable. Pero rara es la cabecera comarcal aragonesa en la que alguien no sepa de alguna inversión, proyecto, iniciativa, que no salió adelante por causas endógenas. Traducido, porque otro/s alguien/es, vecinos y posiblemente con determinados intereses en el territorio cualquiera, no quisieron ni oír hablar de que en su pueblo se creasen tantos puestos de trabajo o echase a andar tal o cual infraestructura vertebradora básica.
Bien. Ese inconfesable enfoque, secularmente cómplice necesario de la merma inversora sufrida por Aragón, Teruel y el Bajo Aragón histórico desde que España se hace llamar así, tiene ya un nombre que lo blanquea, lo legítima e incluso lo hace moral y políticamente aceptable. Prioridad Nacional. Es el concepto fuerza que se traslada por los ideólogos de los pactos de investidura que impulsarán nuevos gobiernos autonómicos en las comunidades autónomas de Extremadura y Aragón. A los medios de comunicación se les ha dicho que simplemente se trata de que las ayudas, prestaciones, servicios y políticas de redistribución pública autonómica reviertan primero sobre los nacidos en España, a ser posible con ocho apellidos castellanos. Lo llaman «arraigo».
No se crean ni una palabra. Hablaremos de ello, y de los efectos que ese «arraigo» está teniendo ya sobre el futuro desarrollo de nuestras tierras. Pueden deducirlo en el titular de este reportaje. Pero lo fundamental del concepto de «prioridad nacional» exuda desde los primeros párrafos del acuerdo PP-Vox que permitirá reinvertir a Jorge Azcón como presidente en Aragón: «Que se consolide y fortalezca el cambio político en nuestra Comunidad iniciado en mayo de 2023». Esto es, meterle una marcha más a lo que Azcón y su sostén Nolasco están sembrando para las comarcas aragonesas desde hace tres años con un objetivo, «lo mejor para Aragón y España». En efecto, si no hay beneficio para España, no importa que sí sea adecuado para nuestro territorio. La clave, «dar estabilidad a Aragón» si a España le viene bien. Cueste lo que cueste.
Y lo que está costando PP y Vox es, en efecto, una merma en servicios públicos, una privatización y precarización en lo fundamental de una autonomía: sanidad, educación y servicios sociales. Pero, sobre todo, una siega preventiva, una tala indiscriminada contra el potencial de crecimiento y desarrollo aragonés en sectores económicos en los que las comarcas de las tres provincias tienen madera de liderazgo global. Parece que ha pasado un siglo pero, antes de que Aragón echara su futuro político en brazos de los de la anchura, el anterior ciclo político de izquierda, criticable en suficientes ámbitos, había cristalizado sin embargo un esfuerzo común catalizador, además de consenso con los agentes sociales y la ciudadanía aragonesa, que había logrado posicionar al territorio en lo más pujante en el sector agroindustrial y el logístico como complementos de la consolidada y global industria automotriz.
De repente, no queda nada de eso. La apuesta anterior por centenares de empleos vinculados a inversiones sostenibles en industria productiva ha involucionado en la apuesta económica de PP y Vox para su pacto de gobierno: el hub de defensa, y los centros de datos. Porque, en líneas generales, ese es el modelo económico de los que reivindican más anchura en la región más ancha de España. Ninguno. No producir. Pasar de fabricar coches y alimentos, y colocar Aragón en el nudo de la cadena mundial de suministro, a multiplicar la sumisión aragonesa al ejército, salpicar las comarcas de centros de datos que solo gastan agua y luz, y promover «el refuerzo de las redes eléctricas». Para Vox los proyectos renovables de la aragonesa Forestalia son delitos medioambientales y corruptelas. Pero que un fondo saudí o anglo israelí siembre las tierras entre Utrillas y Valderrobres de cables y postes eléctricos es «prioridad nacional».
Porque, en efecto, la economía y el mercado laboral en el medio rural aragonés, por descontado en las comarcas bajoaragonesas, ha gripado. Desde hace dos años la patronal turolense viene advirtiendo de la necesidad de no menos de 4.000 trabajadores nuevos para la demanda laboral de nuestras comarcas. La respuesta de la «prioridad nacional» es desincentivar la movilidad laboral, atemorizar la llegada de trabajadores inmigrantes y desmontar, uno por uno, todos los servicios públicos arraigados en el medio rural, sabido el caso de la sanidad y la educación, no tanto el de, por ejemplo, las oficinas comarcales de asistencia a la actividad agrícola. Consecuencia, hay potencial de trabajo para 15.000 habitantes más en la provincia. Han llegado apenas un millar, atrapados además en una histórica falta de vivienda.
La consecuencia es trabajo que no se crea, producción que no se realiza... Y reorientación de decisiones inversoras. Consideren está clave como elemento fundamental que explica el fiasco del Nudo Mudéjar, para el que Endesa tiene un mes de plazo en el que debe decidir si acepta el recorte del setenta por ciento que le impone el Ministerio de Transición Ecológica, reorienta su plan de acompañamiento... O pliega velas, rehace cuentas y se va con la música, las placas, los dineros y los puestos de trabajo a otra parte. Una pista. Buscar tres mil operarios la mayor parte de fuera para levantar parques de renovables en un territorio en el que rige la «prioridad nacional» y el «arraigo» es suficiente complejo como para desistir y olvidarlo. Y si eso no fuera suficiente, el Inaga ha cumplido su papel de manera eficiente. Demoledora.
Para comprobarlo, simplemente es necesario echar un vistazo a la resolución del Ministerio respecto a la declaración de impacto ambiental del Nudo, publicada en boletín oficial a finales de este mes de febrero. Busquen la palabra «Inaga». Más de una treintena de referencias. Véanlas bien. Vean, para empezar, las fechas. Endesa busca su declaración favorable y para ello deposita su proyecto para Andorra y su entorno, (recuerden, potencia renovable similar a la térmica antigua, cientos de empleos vinculados al sector energético y a industrias de transformación auxiliar) en noviembre de 2024. El Ministerio, su dirección de Calidad y Evaluación Ambiental, lo recepciona, empieza a visar su impacto y pide opinión al Inaga casi en junio de 2025. Repite solicitudes en julio y agosto del año pasado. Hay prisa, a finales de año está todo el expediente completo. Mortal de necesidad.
Literal, del documento del Ministerio: «El Inaga señala que la elevada longitud de accesos a realizar podría modificar sustancialmente la escorrentía superficial de la zona, modificando los caudales y cursos de los barrancos», pues, como todo el mundo sabe, el noreste de la provincia de Teruel padece enormemente por las inundaciones de sus verdes y frondosos barrancos. Más: «El Inaga, en el trámite de información pública y consultas, con carácter general para el conjunto del proyecto, identifica un impacto potencial especialmente significativo de los proyectos sobre el Plan de conservación del cernícalo primilla», esa especie tratada en Aragón como las vacas en La India, «y sobre diversas especies de avifauna esteparia».
Más ejemplos: «El Inaga informa que» uno de los parques de Endesa «afectará a áreas críticas de cernícalo primilla y además se encuentra dentro de las áreas propuestas para ser incluidas en el futuro plan de recuperación conjunto del sisón común, la ganga ortega, la ganga ibérica y la avutarda»; porque, en efecto, no se trata solamente de proteger los espacios naturales ahora existentes, sino también todos los que deban protegerse en el futuro, porque hay que vivir bien anchos, aves y los pocos humanos que queden. Quienes, en fin, y en último término, se verán afectados porque «el Inaga informa que la afección más relevante será la modificación del paisaje teniendo en cuenta la previsión de instalar un elevado número de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas en torno a núcleos urbanos de las comarcas de Bajo Aragón, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos», que serán visibles «en prácticamente todas las direcciones y desde cualquier punto de los núcleos urbanos y accesos». Aquí Endesa ya contesta, con cierta retranca: «ya existen instalaciones energéticas».
Si parece un pato y suena como un pato, ya saben. El Inaga, el principal negociado del departamento aragonés de Medio Ambiente, ha sido cosa del consejero Manuel Blasco, el de Motorland, durante estos tres años de primer mandato PP-Vox que abrochará el turolense antes de su merecida jubilación. En vigilancia estrecha por los de Abascal desde que su virrey Nolasco tiene mando por estas tierras, el Inaga se ha sometido a un lavado y pulido que finaliza con un incremento de un veinte por ciento en su plantilla de personal y un mandato inexcusable, nada de asistencia externa, nada de subcontratación de informes como los que han ido avalando los proyectos de Forestalia hasta que el lawfare de la extrema derecha decidió que el capital aragonés no debe meterse en un sector estratégico como el energético.
Convenientemente lavado y planchado, el Inaga cumplió hace seis meses, ya con el consejero Blasco en funciones, y con las recientes elecciones aragonesas convocadas y en precampaña, el primero, el más importante de los preceptos del pacto de gobierno que acaba de ser anunciado, el de redacción más clara y menos pomposa: El Gobierno de Aragón se compromete a «utilizar todos los medios legales y administrativos para favorecer la no implantación de macroparques fotovoltaicos y eólicos». El motivo que se pone de excusa, «los usos y costumbres del campo», sean cuales sean en un territorio en el que apenas queda ya campo que usar. El motivo real, ya saben, la «Prioridad Nacional», el Gobierno de Aragón para el «interés de España». Y a la España de la derecha valiente y que madruga le interesa, entre otras muchas cosas, que Tarmac no invierta más en Teruel, que lo de Forestalia sea un escándalo de proporciones bíblicas y que Endesa huya de Andorra y de su Nudo Mudéjar.
Convenientemente lavado y planchado, y con el consejero Blasco retirado, el pacto de gobierno entre Azcón y Nolasco otorgará a Vox el departamento de Medio Ambiente, con su correspondiente control del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Con el Inaga en manos de la prioridad nacional y el arraigo, cada proyecto generador de actividad económica y empleo en todo Aragón, por descontado en la tierra baja turolense, pasará por sus despachos desde el antecedente de la suerte echada de sus informes del Nudo Mudéjar, los de las supuestas afecciones presentes y aún más supuestas en el futuro. Los que reconocen que Endesa ha trabajado en que sus parques sean lo más sostenibles posible, pero no tienen hueco porque siempre habrá un cernícalo, un murciélago, una riera o un «uso y costumbre del campo» que no está suficientemente lejos. Porque, ya lo sabemos, el interés de España consiste en que «podamos estar más anchos».
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