Hay cosas que no se deciden en un pleno, que no se aprueban por mayoría ni se derogan con una mano alzada. La lengua materna es una de ellas. Para quienes crecimos escuchando en casa una lengua distinta del castellano, la lengua no es una opción política, es algo así como el primer abrazo del mundo. Es la voz de la abuela al llamarnos para comer, el regaño cariñoso del padre, las historias que nos explicaban quiénes éramos antes incluso de saber leer.
Por eso duele que se niegue una realidad que es tan personal como colectiva. En el Bajo Aragón, en pueblos como Aguaviva, Belmonte de San José, La Cañada de Verich, La Cerollera, La Codoñera, La Ginebrosa o Torrevelilla, la lengua propia ha sido transmitida de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos. No es un capricho reciente ni una ocurrencia ideológica, es memoria viva. Es patrimonio cultural inmaterial, ese que no se guarda en vitrinas, sino en la boca de la gente mayor y en los juegos de los niños y niñas.
Cuando grupos políticos como el PP, el PAR o Vox se niegan a reconocer esta realidad bilingüe del Bajo Aragón, el mensaje que se lanza no no es tan inocente como parece. Al final lo que se viene a decir es que hay formas de ser bajoaragonés que valen más que otras. Es decir, que hay ciudadanos de primera, los que encajan en un molde monolingüe cómodo, y ciudadanos de segunda, los que llevamos con nosotros una herencia lingüística que molesta o se considera innecesaria. Porque si una institución niega la existencia de una parte de su gente, está diciendo que esa parte es prescindible. Y no lo es, porque sin esas voces el Bajo Aragón sería un lugar más pobre, más plano, menos auténtico. Se nos dice que no hay que «crear conflictos».
Conviene preguntarse quién los crea de verdad. ¿Quien pide que se reconozca con normalidad una realidad histórica y social, o quien prefiere mirar hacia otro lado para no incomodar a nadie? Se nos habla de «consultar a los alcaldes», como si el afecto a una lengua se midiera en reuniones y no en los hogares, en las calles, en conversaciones a la fresca en las noches de verano. El argumento puede sonar razonable, pero se cae por su propio peso cuando no se aprovechan las oportunidades para hacerlo y simplemente se utiliza como excusa para bloquear cualquier avance. No hay una voluntad real de escuchar, sino únicamente una coartada para no aceptar la realidad.
Reconocer el bilingüismo del territorio no quita nada a nadie, no resta derechos al castellano ni borra identidades. Pero sí que suma. Suma dignidad para quienes han sentido durante décadas que su lengua era algo que había que esconder, que no quedaba bien en los espacios oficiales. Suma autoestima colectiva. Y suma, sobre todo, una manera más honesta de mirarnos al espejo como territorio plural, mestizo y lleno de matices.
Las lenguas no se crean en los boletines oficiales, pero sí se pueden herir desde ellos. Aceptar un topónimo bilingüe para la comarca no va a cambiar de golpe la situación de nuestra lengua ni va a resolver todos los problemas a los que se enfrenta, pero sí sería un guiño con mucho peso simbólico. Un gesto sencillo para empezar a corregir una anomalía histórica que ya va siendo hora de reconocer como tal.
Y es que defender el reconocimiento institucional de esta realidad no es politizar la lengua. Es precisamente lo contrario, sacarla del ruido y de las polémicas banales, y devolverla al lugar que le corresponde, el de lo humano, de lo íntimo, de lo que se hereda sin darnos cuenta. La lengua materna no se vota, se vive. Por ello, quien no quiera verla, que al menos no pretenda borrarla.
¿Te ha gustado este artículo? Compártelo