Acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España. La situación afecta especialmente a los jóvenes, que ven cómo sus salarios crecen mucho más despacio que el coste de tener un hogar propio.
El esfuerzo económico resulta cada vez más difícil de asumir. Los jóvenes de entre 25 y 34 años destinan ya más del 38 % de su salario al pago de la hipoteca, superando el umbral del 35 % considerado recomendable. Entre los menores de 25 años, el esfuerzo puede alcanzar el 57,5 %. En el alquiler, los jóvenes emancipados dedican de media alrededor del 35 % de su presupuesto a vivienda, suministros y gastos asociados.
Las consecuencias son evidentes. Según el INE, el 67,1 % de los jóvenes de 18 a 34 años vivía con sus padres en 2025. Entre quienes tienen de 26 a 34 años y siguen en el hogar familiar, casi la mitad señala directamente que no puede permitirse comprar o alquilar una vivienda. Retrasar la emancipación significa también retrasar la formación de una pareja o un proyecto familiar. Aunque la decisión de tener hijos depende de muchos factores, la inseguridad residencial y económica se han convertido en obstáculos adicionales para quienes desearían formar una familia.
Detrás de esta crisis existe un problema fundamental: La demanda crece mucho más deprisa que la oferta. El aumento de la población, la concentración del empleo en las grandes ciudades y la escasez de viviendas disponibles han generado un déficit estructural. El propio Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 estima, basándose en datos del Banco de España, un déficit superior a 400.000 viviendas. Además, parte del parque residencial se destina a usos turísticos, temporales o de habitaciones, reduciendo la oferta para quienes buscan una vivienda habitual.
La vivienda nueva tampoco ofrece una solución rápida. Construir es hoy más caro por el aumento acumulado de materiales y otros costes de producción, la falta de mano de obra cualificada y la escasez de suelo finalista. A ello se suman procedimientos urbanísticos, licencias y trámites administrativos que pueden prolongar durante años el proceso necesario para poner nuevas viviendas en el mercado. El resultado es una oferta incapaz de reaccionar con suficiente rapidez ante una demanda creciente.
Mientras tanto, los precios siguen subiendo: En 2025 el precio medio de la vivienda aumentó un 12,7 %, el mayor incremento desde 2007. El riesgo es que la vivienda deje de ser una herramienta para construir un proyecto de vida y se convierta en una frontera económica: Quienes cuentan con patrimonio familiar podrán cruzarla antes; quienes dependen exclusivamente de su salario tendrán que esperar cada vez más.
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