La expansión de las explotaciones de arcilla en Teruel ha encendido las alarmas en numerosos municipios del Bajo Aragón Histórico. Sergio Martínez preside la Plataforma de Afectados por la Minería en Teruel (PAMT), una organización que ronda el centenar de asociados y que reclama ordenar la actividad minera, reforzar los controles ambientales y dar voz al territorio. La plataforma insiste en que no se opone a la minería, pero sí a un crecimiento que considera descontrolado y con efectos directos sobre el paisaje, las carreteras, el patrimonio y, sobre todo, los recursos hídricos.
A raíz del inicio de la guerra de Ucrania, en 2022, la industria azulejera y cerámica de Castellón se quedó sin su principal proveedor de arcilla blanca, que era ucraniano. Entonces giraron hacia Teruel y empezaron a recuperar viejos derechos mineros. Se lanzaron sobre una provincia donde, por la despoblación y la poca capacidad de reacción de muchos pueblos, era más fácil avanzar. La minería de arcilla es a cielo abierto: destruye paisaje, puede afectar a los acuíferos y genera muchísimo tráfico pesado.
Uno de los epicentros es La Villa de Seno. El propio INAGA, en una resolución vinculada a la mina San Pedro, señala que hay veinte explotaciones en un radio de cinco kilómetros. Es una barbaridad. Nosotros no estamos en contra de la minería; Teruel siempre ha sido una provincia minera. Estamos en contra de una minería sin sentido, sin ordenar y sin tener en cuenta al territorio, a los ayuntamientos ni a la gente que vive en los pueblos.
El más evidente es el tráfico de camiones. Por Aguaviva pasan más de 800 camiones al día y buena parte del tráfico pesado se dirige hacia Morella por una carretera estrecha que nosotros llamamos la «carretera de la muerte». No está preparada para que circulen de repente cientos de camiones de cuarenta toneladas. También preocupa el daño ambiental y lo que ocurre cuando termina una explotación: nuestra experiencia es que las restauraciones son muy pobres y, en algunos casos, quedan grandes huecos degradados.
El agua, sin duda. Estas explotaciones profundizan mucho y, si bajan del nivel freático, pueden alterar cursos de agua subterráneos. puede poner en riesgo la supervivencia de algunos municipios. La Villa de Seno bebe de la Fuente Martín, que podría verse afectada por una nueva explotación. En Cuevas de Cañart también hay proyectos que pueden comprometer el agua de la que depende el municipio. Si desaparece el agua, estamos perdidos. El agua es vida y es lo que permite que los pueblos sigan vivos.
No. Nos preocupa que no se estén haciendo con la profundidad necesaria. Hemos denunciado, por ejemplo, que una resolución del INAGA sobre la mina San Pedro no tiene en cuenta carrascas centenarias registradas como árboles históricos. También hay yacimientos arqueológicos, paleontológicos y especies protegidas que deben estudiarse bien. Y con el agua ocurre algo parecido: se da un visto bueno y después se dice que habrá que hacer un estudio hidrológico. Nosotros creemos que debería ser al revés.
En las dos cosas. Muchos son planes hechos desde un despacho, por gente que pisa poco el terreno y pregunta poco a quienes lo conocen. Hemos visto propuestas que no tienen demasiado sentido para las características de la zona. La restauración no puede consistir en plantar cuatro cosas para disimular. Tiene que acordarse con el territorio y pensar en lo que dejamos a las generaciones futuras.
La realidad que nosotros vemos es que generan poco empleo local. Mucha mano de obra es especializada y viene de fuera. No decimos que la minería no pueda aportar actividad, pero no puede utilizarse ese argumento para justificar que se apruebe todo sin valorar los costes que soporta el territorio. Si una zona va a concentrar minería, también hay que adaptar las infraestructuras y garantizar que los beneficios compensen de verdad los impactos.
Con los ayuntamientos tenemos buena relación, especialmente por el problema del tráfico pesado. Algunos están impulsando acciones ante el Gobierno de Aragón, aunque la sensación es que hay buenas palabras y pocos resultados. Con el Gobierno hemos mantenido alguna reunión y con las empresas también. Nos escuchamos, pero luego cada uno hace lo que tiene que hacer. Muchas veces tenemos la sensación de que las decisiones llegan prácticamente tomadas.
Lo primero, crear una mesa de negociación con alcaldes, instituciones, empresas y colectivos afectados para ordenar la actividad. Hace falta un plan de explotación del territorio. No puede haber veinte explotaciones en cinco kilómetros. Estamos estudiando varios municipios porque hay términos muy afectados, como Molinos, Berge, Ejulve o Castellote.
Hay que actualizar la Ley de Minas de 1973. Es una norma de otra época, cuando la preocupación ambiental tenía un peso muy distinto y cuestiones como el paisaje, la biodiversidad o la protección de los recursos hídricos apenas estaban presentes. Hoy todo eso tiene que incorporarse de verdad a la toma de decisiones. No podemos analizar una explotación únicamente por el recurso que hay bajo tierra, sino también por lo que existe alrededor: pueblos, acuíferos, patrimonio, carreteras y actividades económicas. Además, los planes de restauración deberían acordarse con el territorio y adaptarse a las características reales de cada zona. La idea es sencilla: minería, sí, pero con sentido, con planificación.
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