A raíz de este verano horrible de incendios, surgen muchos debates sobre las causas de los mismos, y cómo evitar que sucedan en el futuro o que, al menos, no sean tan enormes y difíciles de extinguir. Revisando viejos archivos de mi nube, me he encontrado con propuestas y con textos que tienen, en algunos casos, más de veinte años. De entre todas ellas, me quedo con la idea, que he defendido en diversos foros, del «Pago por Servicios Ambientales» (PSA), un tema que no ha pasado apenas del debate académico y que, en mi humilde opinión, podría contribuir a dotarnos de los medios necesarios para prevenir en parte los grandes incendios que sufrimos.
Para ello, lo primero que
tenemos que quitarnos de la cabeza es el enfoque afectivo, incluso
melodramático, con que afrontamos la cuestión de los incendios forestales. Digo afectivo, porque parece que lo único que
se esté perdiendo sea paisaje. Es cierto,
ello tiene un componente afectivo no desdeñable y en ocasiones brutal, cuando
afecta a lugares emblemáticos (Majalinos, las Médulas, San Juan de la Peña),
pero siendo importante, tal vez no sea lo que más.
Hemos de recordar que, si
el monte no está correctamente mantenido, es porque los usos que históricamente
contribuyeron a su mantenimiento (maderero, ganadero, sobre todo), hoy en día
ya no tienen valor. Nadie recoge leña, y
la mayor parte de la madera de muchos de nuestros montes es de tan baja calidad
que su valor de mercado no permite apenas cubrir los costes de extracción. Ante eso, la solución sigue siendo tirar de
presupuesto público, y pagar con éste diferentes tipos de trabajos
forestales. El problema es que las
necesidades son ingentes, y el presupuesto, limitado, muy limitado. ¿Qué hacer, entonces?
Una posible vía de
solución es repensar los otros servicios, los servicios ambientales o
«ecosistémicos» que el monte presta al conjunto de la sociedad, cuantificar su
valor económico y, a continuación, definir quién es a) el principal
beneficiario de dicho servicio, o b) el principal responsable de la afección
ambiental que el monte tiene que corregir.
En ambos casos, dichos sujetos serían los «pagadores» de los mencionados
servicios ambientales.
Un ejemplo concreto: la
masa forestal presta un servicio de absorción de CO2, las emisiones de
combustibles fósiles son las principales emisoras de este CO2, luego los
usuarios de vehículos de motor, de calefacciones o de instalaciones
industriales con gas natural o butano deberían pagar expresamente para
financiar trabajos de mantenimiento de la masa forestal. En España se consumieron en 2025 casi 26
millones de litros de gasóleo A; una adecuada tasación sobre éste y sobre otros
combustibles fósiles podría dotarnos de una bolsa de dinero para acometer
trabajos forestales. Esta lógica puede
aplicarse también (se han hecho estudios ya más concretos) a la capacidad de
captación y retención de agua, cuyos principales beneficiarios son los
titulares de empresas hidroeléctricas.
Estos mecanismos
permitirían drenar recursos -por una vez- desde zonas urbanas hacia las zonas
rurales, contribuyendo así a una mayor justicia territorial. Harían también a las zonas rurales menos
dependientes de subvenciones, ayudas u otros mecanismos de iniciativa más o
menos política y de carácter más o menos «gracioso». En definitiva, se
trataría de sustituir las «limosnas» por «el justo reembolso», e ir superando el
falso y manido debate entre «medio ambiente» y «desarrollo».
Obviamente, hay
importantes retos metodológicos, pedagógicos y políticos. Es necesario investigar y probar estos métodos,
pero la alternativa es el «hacer como hasta ahora», y «como hasta ahora», cada
año asistimos a una hecatombe mayor.
¿Te ha gustado este artículo? Compártelo