Mucho se ha hablado y escrito sobre el período conocido como la Transición, aquel tiempo en el cual España pasó de la dictadura franquista a la normalización de una democracia homologable con las de nuestro entorno, un tiempo de logros indudables y en el que el lastre del franquismo sociológico y de los nostálgicos de la dictadura impregnó aquellos años inciertos en los que la sociedad española caminaba con ilusión hacia la recuperación de las libertades a pesar de que, todavía pesaba la sombra y la amenaza del «ruido de sables» en determinados sectores militares.
La Transición se inició tras la aprobación del Referéndum para la Reforma política de 1976 y al que, como reconocía Baltasar Garzón que votó que «no», decisión en la que se reafirmaba años después alegando que «sigo pensando lo mismo, aunque la historia se haya orientado bien y tengamos la Constitución y la democracia que tenemos. Pero hay demasiada rémora, demasiados malos hábitos del pasado que no debieron mantenerse. Y mantos de silencio…». Enlazando con esta misma idea, como señalaba Jesús Cintora, uno de los peajes pagados por la Transición fue que «un régimen totalitario de cuatro décadas dio paso a una transición que no quiso perseguir a los verdugos», razón por la cual «España no ha arreglado cuentas con su pasado» ya que «hubo una amnistía que permitió y permite, que no haya justicia». Pero amnistía no significa «amnesia» pues como nos recordaba el citado Cintora, «En nuestro país, a las víctimas que se niegan a olvidar, a los familiares de los perdedores o a quienes los defienden, se les llega a acusar de rencorosos o que ‘abren heridas’, pero los familiares de los golpistas y quienes les apoyan mantienen el derecho a disfrutar y a repartirse impunemente de los millones de la herencia» y ello hace que quede patente la flagrante injusticia de que «hay torturadores con medallas pensionadas y víctimas en cunetas».
La Transición, idealizada en exceso por unos, denostada, también en exceso por aquellos que peyorativamente aluden a ella como «el régimen de la Transición», tuvo, como es lógico, sus luces y sus sombras que la distancian de ambas visiones maximalistas, bien sea por exceso o por defecto.
En primer lugar, a la hora de fijar la cronología de la Transición, Fernando Hernández Sánchez, en su trabajo Donde habita el olvido: las impregnaciones del franquismo en los pliegues de la educación española del siglo XXI (2021), considera que ésta «comenzó a fraguarse en 1969 con la promulgación de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado y se cierra en 1986», año del referéndum de la OTAN y tras la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), la actual Unión Europea (UE), momento que coincidía con la primera ocasión desde 1933 en que un gobierno de centro-izquierda, el PSOE de Felipe González, «se sucedió a sí mismo sin sufrir la intromisión de una intervención militar o un golpe reaccionario».
Dicho esto, y acotada cronológicamente la Transición, Hernández Sánchez considera que a muchos españoles «se les ha negado el relato veraz» sobre este período de nuestra historia reciente ya que, «casi dos generaciones de españoles se han educado en democracia creyendo que las libertades se regalaron a que se materializaron mediante un simbólico apretón de manos entre las élites», y, en cambio, «se ha suprimido la memoria de que estas libertades de las que hoy se disfruta se arrancaron con sacrificio, se pagaron con sangre y sudor». Y es que, nuestra Transición no fue tan modélica puesto que, como señalan Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez Cuenca, «resultó mucho más sangrienta que la griega o la portuguesa, ambas iniciadas en 1974». Un dato corrobora de forma contundente esta afirmación: de las 665 víctimas mortales habidas por motivos violentos entre 1975-1982, incluidas las causadas por acciones terroristas, el 24% de ellas fueron debidas a actividades represivas del Estado. Incidiendo en esta misma idea, David Ballester en su libro Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982), presenta un análisis exhaustivo y riguroso sobre las 134 personas fallecidas debido a la impunidad de los distintos cuerpos policiales que actuaban, todavía, con métodos represivos heredados de la dictadura. Estas víctimas, causadas por la violencia policial, se produjeron, como señala dicho autor, con arreglo a tres parámetros o motivos: las debidas al «gatillo fácil» (recordemos el caso de Vicente Basanta asesinado en Zaragoza en 1977), las víctimas en la represión de movilizaciones de todo tipo (véase los muertos habidos en los sucesos de Vitoria de 1976) o las víctimas causadas por la práctica de la tortura. Ante esta situación, resulta obvio que, como señala Ballester, los gobiernos de éste período «no actuaron con la necesaria diligencia para poner fin a este tipo de violaciones de los derechos humanos».
Reflexionando sobre estas sombras, dolorosas y sangrientas, se cuestiona la imagen excesivamente modélica y pacífica que, con excesiva frecuencia, se nos ofrece de la Transición. Cierto es que durante los primeros años de este período no había todavía democracia, pero también lo es que, conseguida ésta, «el régimen parlamentario primero y constitucional, después, no resultó ser un producto inmaculado», en gran medida porque no tuvo el valor político suficiente para depurar los cuerpos policiales heredados del franquismo debido a una «notable falta de decisión y coraje por parte de los responsables políticos». Y no sólo eso, sino que algunos agentes, como el caso de Antonio González Pacheco (a) «Billy el Niño», la cara más conocida del aparato represor del franquismo, fue condecorado en 4 ocasiones: la primera, en 1972, todavía en tiempos de la dictadura, pero los tres restantes, en los años 1977, 1980 y 1982, esto es, durante la Transición: toda una absoluta indignidad y una ofensa permanente para sus víctimas.
Por otra parte, la Transición también tuvo que pagar otro tipo de peajes para alcanzar la democracia, en gran medida, debidos al temor que suscitaba «la sombra vigilante de las armas», peajes que, como recordaba el citado Hernández Sánchez, «limitaron la consecución de horizontes de cambio más amplios». Y cita algunos de estos peajes tales como la renuncia a la forma republicana de Estado (Adolfo Suárez se negó a convocar un referéndum ante el riesgo cierto de que la opción monárquica saliese derrotada), la renuncia a la articulación plena de un federalismo territorial, la renuncia a avanzar en el papel redistributivo del sector público, así como la también renuncia a llevar a cabo avances más decididos en materia de laicismo. Vistos en perspectiva, a fecha de hoy, estos temas siguen siendo cuestiones de calado pendientes de nuestra democracia y que, como recuerda Hernández Sánchez, no se ha avanzado en ellos «ni un ápice más de donde los dejó el proceso constituyente de 1978».
En contraposición a todo lo dicho, en donde la Transición evidenció rupturas con un pasado lastrado por el peso de cuatro décadas de dictadura franquista fue en el ámbito social y cultural. Fue en ellos donde, como señala Germán Labrador, «el conflicto intergeneracional consiguió, aquí sí, y no sin la férrea resistencia de los de siempre, reconfigurar profundamente el sistema de valores morales del país en ámbitos como la religión y la moral». Ahí están, para demostrarlo, la aprobación de las leyes del divorcio o del aborto, la aceptación de la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, o la laicidad, a pesar de que esto último, como advierte Hernández Sánchez, no está «totalmente sancionado en el ámbito institucional».
Por todo ello, aunque es cierto que estos temas han supuesto «un salto positivo rupturista», nuestra democracia de hoy debe estar vigilante para que no se produzcan retrocesos, alentados por políticas reaccionarias, en unos avances que tanto costó conseguir.
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