El atractivo de lo extractivo

El origen de este fenómeno hay que buscarlo en Europa.  La apuesta por la descarbonización de la economía no responde solamente a una necesidad real o una demanda social de lucha contra el cambio climático (cada vez más cuestionada por el negacionismo), sino también a la construcción de un modelo económico donde Europa pudiera ejercer una posición de liderazgo mundial.  Esta apuesta se vio exacerbada con el aumento de precios de la energía que provocó la invasión de Ucrania (y ahora la guerra contra Irán desatada por Trump). El auge de las energías renovables en el marco del mercado único europeo, promovido por la UE, implica la conversión de la Península Ibérica y de otros territorios de la periferia europea ricos en recursos renovables, en proveedores de energía «limpia» para el norte global.

Este fenómeno global está en la base de la burbuja a la que estamos asistiendo.  Por todos los cabezos y muelas de la España rural surgen propuestas de parques eólicos (o fotovoltaicos), cuyos promotores no son empresas del sector que tengan intención de construirlos y explotarlos (algo para lo que hace falta mucho dinero, tecnología y know-know), sino con la mera intención de obtener unos derechos sobre el emplazamiento y la evacuación, que posteriormente se puedan vender a otros productores (incluyendo las empresas del oligopolio eléctrico español).  Y, por supuesto, es el modelo de mercado sin cortapisas el que está promoviendo esto.  No existe planificación energética ni territorial. Las administraciones autonómicas, desbordadas y presionadas, y muchas veces corruptas, hacen dejación de sus competencias, mientras los pueblos de la España interior ven aquí la posibilidad de un maná que, por otras vías, parece siempre resistirse.

Este segundo aspecto merece otra reflexión.  La burbuja especulativa de las renovables, que lamina toda pretensión de planificación pública de la energía y del territorio, se apoya también en la existencia de una España rural, cuyo papel en el desarrollo económico del país ha sido (y sigue siendo) meramente subsidiario, de proveedor de recursos.  En otros tiempos, las zonas rurales aportaban capital humano en forma de emigración a las ciudades, hasta que dicho recurso se agotó y los pueblos se empezaron a vaciar.  Desde siempre, han aportado madera, arcillas, carbón, agua,… todo ello en el marco de una economía extractivista de carácter lineal, que primero extrae los recursos del territorio, los utiliza y después, deposita allí también los residuos procedentes de su ineficiente metabolismo.

El modelo se perpetúa hoy, con casos como la energía eólica o solar (ayer explotábamos carbón, hoy viento y sol, y mañana, tal vez materias primas críticas), o con las ganaderías intensivas.  En ambas situaciones, el modelo es el mismo: empresas que ofrecen oportunidades de trabajo o autoempleo, «sin necesidad de complicarse mucho» (de manera análoga al trabajo asalariado en una ciudad), a cambio de extraer recursos o depositar mierda (con perdón) hasta que la capacidad de extracción o de carga del territorio se agote o… hasta que se pinche la burbuja de turno, todos los activos se devalúen, y los negocios matrices se reconviertan.  Mientras, en los pueblos, las personas y familias, sin posibilidad de reconversión, se verán abocados al cierre o a la emigración.

Pero ¿por qué pasa esto? ¿por comodidad? ¿por «inquina» al territorio donde uno vive?  Yo creo que no.  Creo, sencillamente, que la gente se quiere ganar la vida, que haya algo de dinero en sus bolsillos y algo de dinero en el pueblo.  Algo que les sitúe en una mayor «igualdad de condiciones» con las zonas urbanas. Y es que los discursos de protección y promoción de la naturaleza siguen siendo, sobre todo, eso, discursos, pero no realidades.  Con el actual modelo de PAC, con la volatilidad de precios agrarios, con el deficiente diseño y aplicación de ecoesquemas o de medidas agroambientales, con las importantes carencias de apoyo público a la conservación de la naturaleza o a «hacer las cosas bien», con los retrasos y dificultades para cobrar compensaciones por ataques de lobos o perros, con la dureza general de la vida en el campo y en el monte, con la competencia desleal de terceros países, quedan muy pocos incentivos para cuidar la biodiversidad o el paisaje o, en todo caso, dichos incentivos parecen verse «muy a largo plazo», pero la gente tiene que comer hoy.

Igualmente, los ayuntamientos reciben muy poco dinero para atender sus necesidades y tienen que andar mendigando a las diputaciones o gobiernos de turno (en un sistema de índole clientelar no muy lejano al de la Restauración borbónica). La posibilidad de contar con estos recursos extra, por la vía de las licencias de obras, del IBI o de alquileres de terrenos, les abre sobre todo una perspectiva emancipadora, para no tener que depender de la «gracia» del gobernante provincial o regional de turno.  Por tanto, la apetencia por estos proyectos tiene que ver también con la escasa virtud de las Administraciones a la hora de asignar y planificar fondos, de definir políticas adecuadas o de dotar de los equipamientos y personal realmente necesarios.

La conjunción del asedio territorial, la escasez de perspectivas, la conversión de la lucha contra el cambio climático en negocio para unos pocos, y la desconexión cultural campo-ciudad, alimentan el descontento y están en la base del crecimiento de la extrema derecha al que estamos asistiendo en las zonas rurales, también en Teruel.

En definitiva, la burbuja de renovables sobre los montes de la España rural (como la burbuja minera, la de los centros de datos o el biometano) es el fruto de una confluencia de factores y situaciones complejas y de largo alcance, y la resolución de este nudo gordiano no pasa por soluciones simples ni simplistas.  Haría falta mucho diálogo, mucho tiento, mucha transparencia, mucha planificación y mucha democracia, para reconducir esta situación.  Demasiadas condiciones, me temo, para que tenga remedio.