España cuenta con una masa forestal que roza el 40% de su territorio, combinada con una orografía ciertamente complicada. El incremento de las temperaturas en verano y los prolongados periodos de sequía convierten a gran parte de la península ibérica —con la salvedad de la cornisa cantábrica— en una inmensa antorcha dispuesta a encenderse en cualquier momento.
Este verano está resultando especialmente duro en materia de incendios forestales. Tan solo en Aragón se han calcinado 45.000 hectáreas. Para tomar dimensión del desastre, dicha superficie equivale a quemar todo el término municipal de Alcañiz, el más extenso de Teruel. Especialmente dramático ha sido el fuego de Las Peñas de Riglos, con cerca de 15.000 hectáreas devoradas por las llamas, sin olvidar la afección de los incendios de Peñarroya y Ejulve a comienzos de la temporada.
Más allá de las cifras y los lugares, sabemos que este fenómeno no va a detenerse. En el contexto actual de cambio climático y constante aumento de temperaturas, la amenaza continuará intensificándose. Sabiendo de antemano lo que va a suceder, no podemos seguir esperando al próximo verano para hacer y repetir exactamente lo mismo.
No basta con incrementar los medios destinados a la extinción una vez se declaren las llamas. Lo que necesitamos con urgencia es prevención. Es imprescindible trabajar en el monte durante los meses de invierno: acometer limpiezas de vegetación, crear cortafuegos estratégicos y diseñar planes específicos adaptados a cada masa boscosa para adelantarnos al fuego antes de su llegada. Continuar en la inacción para luego lamentar la «mala suerte» resulta inadmisible: ya no es cuestión de azar, sino de una evidente falta de previsión.
Para ello, es indispensable un Plan Nacional estructurado, dotado de recursos públicos y financiación suficiente para sostener un esfuerzo de esta envergadura.
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