De la vivienda como botín a la vivienda como derecho social

El desahucio de Mari Carmen, mujer de 87 años expulsada de la casa en la que ha vivido toda su vida, nos muestra nuestra peor grieta social. Cada vez que se echa a alguien de su hogar, delante de cámaras o en el más impune de los silencios, se certifica un sistema podrido. El derecho a especular se antepone al derecho humano a vivir bajo un techo.
En España, la vivienda sigue siendo tratada como un activo financiero de bajo riesgo con el que sacar alta rentabilidad, y no como la infraestructura vital más básica de una sociedad.
Esta realidad amarga necesita valentía política, especialmente de quienes ostentan poder en las instituciones. Nadie se engaña: donde gobiernan PP y VOX la situación es peor. Su complicidad activa con los especuladores les lleva a desmantelar la poca protección social existente, barra libre al turismo masivo y depredador, alfombra roja a fondos de inversión extranjeros y persecución policial de la pobreza.
Sin embargo, el Gobierno central de PSOE y Sumar no puede escudarse eternamente en el monstruo de la extrema derecha, su minoría parlamentaria y sus propias contradicciones internas, para justificar su tibieza. Mucha gente espera mucho más de la izquierda. La realidad cotidiana es que cada día más familias viven asfixiadas en pisos viejos, mal acondicionados y con el pánico constante a que les echen.
Durante años, la respuesta institucional se ha centrado en gestionar la urgencia: partidas presupuestarias de emergencia, bolsas de alquiler social ridículas y parches paliativos para armortiguar el golpe. Pero la estructura inmobiliaria no se toca. Como dice aquel proverbio, para salir del pozo lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Mientras la vivienda siga siendo el vehículo preferente para la acumulación de capital a bajo riesgo, las políticas públicas seguirán intentando achicar el agua de un tsunami a cucharadas.
Si la izquierda quiere trazar un camino riguroso y con verdadera capacidad de transformación, debe actuar con valentía, perder el miedo a la intervención de los mercados esenciales y desmontar una falacia muy arraigada: que la especulación inmobiliaria es una forma legítima de libre mercado.
Por si hay quien se echa las manos a la cabeza cuando lee «intervención del mercado» como condición de viabilidad social, le invito a que ponga el foco en Suiza. Sí, Suiza. Un país con el 70% de población inquilina y unas premisas estatales asumidas a izquierda y derecha: la vivienda es un bien de primera necesidad y nadie puede vivir en la calle, porque la paz social y la economía productiva se desmoronan si la clase trabajadora destina todo su sueldo a pagar un techo.
¿Les parece revolucionario? Profundicemos en el modelo suizo (sin idealizarlo, pero como antídoto frente a la estrechez de miras española): acumulaciones inmobiliarias para exprimir a inquilinos están penalizadas con una fiscalidad draconiana. Los precios del alquiler están regulados y vinculados a los tipos de interés (si bajan, el alquiler baja obligatoriamente) y las subrogaciones protegen a inquilinos de las expulsiones encubiertas.
Volvamos a España. Aquí ocurre exactamente lo contrario: el capital huye de la inversión productiva (invertir en la economía real, empresas, innovación) y se refugia en el ladrillo porque el Estado le garantiza un riesgo casi nulo con rentabilidades exorbitantes a costa de asfixiar a las familias. Aquí quien especula no es un «lumbreras» del libre mercado, es un extractor de rentas protegido por la inacción legislativa.
Para no volver a caer en parches ni en promesas vacías, hay que actuar ya, la izquierda debe asumir las demandas que los Sindicatos de Inquilinas y los colectivos por el derecho a vivienda digna llevan años construyendo en las calles. Es la hora de traducir esa fuerza social en acciones concretas, en materia legislativa y fiscal, que voy a intentar sintetizar 4 ejes inmediatos:
1) Intervención de precios. Imposibilitar las subidas de alquiler abusivas y subrogar obligatoriamente los contratos vigentes.
2) Quien quiera especular, que pague. Impuestos severos a las viviendas vacías y a los grandes tenedores. Tipos altos del IBI y patrimonio para los que especulan.
3) Prohibición efectiva de desalojos sin alternativa habitacional real, digna y permanente en el mismo entorno comunitario. Casos como el de Mari Carmen muestran que el derecho a la propiedad privada no puede pisotear el derecho a la vida.
4) Parque público por cesión obligatoria. Construir vivienda pública tarda lustros y la emergencia es hoy. Exigir por ley la cesión obligatoria del uso de viviendas desocupadas en manos de la Sareb, la banca y los fondos buitre, para su integración inmediata en los parques públicos, tal y como hacen en diversas ciudades europeas.
Con el hogar de la gente no se juega. No se puede construir un proyecto de vida ni una sociedad próspera bajo la amenaza permanente de un desahucio o de la expulsión por una subida inasumible del alquiler. Gobernar desde la izquierda no es administrar el desastre con mejores palabras; es intervenir con valentía para defender el interés general de la gente trabajadora y garantizar, de una vez por todas, el derecho a un techo.