
El desahucio y posterior muerte de Maricarmen Abascal en Madrid, con 87 años y un 50% de discapacidad ha sido el detonante de un estallido social como no se ha visto en años en España, en defensa de una vivienda digna y en contra de la especulación inmobiliaria, y, poniendo el foco en el principal problema de la sociedad española en estos momentos.
Pero, ¿qué ocurre cuando las personas desahuciadas comparten
su vida con animales?
En primer lugar, cabe señalar que, el mercado del alquiler
privado en España bloquea masivamente el acceso a quienes tienen animales (con
apenas un 6% o 7% de pisos que los aceptan). A pesar de que la Ley de Bienestar
Animal reconoce a las mascotas como miembros del núcleo familiar, la Ley de
Arrendamientos Urbanos permite a los propietarios determinar si aceptan o
excluyen las mascotas al alquilar su propiedad. Por lo que, paradójicamente, en
España sí es legal prohibir el ingreso de animales domésticos en pisos de
alquiler siempre que esté escrito explícitamente en el contrato, lo que implica
que muchas familias multiespecie tienen ante sí una odisea a la hora de
encontrar un hogar.
Pero una vez superado el hándicap de encontrar un hogar
donde poder vivir con nuestros compañeros peludos, nadie está a salvo de sufrir
una mala racha, o de que rentistas y fondos de inversión decidan especular con
la vivienda en la que habitas y un juez decida desahuciarte a ti, y a tu
familia (humana o no).
En España, la
situación de los animales de compañía durante un desahucio es compleja porque
no existe una protección legal específica que suspenda o detenga un lanzamiento
judicial por el hecho de convivir con mascotas.
Aunque se reconoce
socialmente que los animales son seres sintientes y el Código Civil los
diferencia de los meros objetos, a efectos prácticos de ejecuciones
hipotecarias o desahucios por alquiler, los protocolos judiciales no contemplan
de manera sistemática un amparo automático para ellos. La paralización de un
desahucio por la presencia de animales depende casi exclusivamente de la
sensibilidad de la comitiva judicial, del juez o de la intervención de última
hora de la policía o servicios de recogida si perciben una situación de
desamparo grave (como animales que quedarían encerrados o abandonados en la vía
pública).
También existe un riesgo de abandono o entrega forzosa. Muchas
familias se ven obligadas a buscar un refugio de urgencia a sus mascotas, pedir
acogida temporal o, en el peor de los casos, plantearse la renuncia del animal
debido a, como hemos mencionado antes, la dificultad de acceder a un nuevo
alquiler que acepte mascotas.
Ante esta situación la entidad FAADA (Fundación para el
Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) ha reclamado formalmente que
la realidad de los hogares multiespecie deje de ser ignorada en la legislación
estatal, y exige que se incorporen de forma estable medidas de protección
habitacional para ellos en la agenda pública y se impida el veto por defecto a
las mascotas en el alquiler sin causa justificada, que se impulse el uso de avales,
depósitos específicos o seguros de hogar que cubran de manera transparente los
posibles daños materiales causados por el animal, y que las viviendas de
protección oficial y el parque público de alquiler den ejemplo eliminando
restricciones y sirviendo como punto de partida normativo.
Queremos expresar todo nuestro apoyo al Sindicato de
Inquilinas en su lucha contra el rentismo y la especulación inmobiliaria, y
esperamos que no dejen a nadie atrás en sus exigencias, incluyendo también en
ellas a los animales.
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