Y no porque el paisaje sea un decorado pintoresco para la nostalgia, sino porque cada amanecer nos recuerda el valor de una tierra y de quienes la habitan. Sin embargo, ese mismo paisaje que durante décadas pasó desapercibido se ha convertido ahora en objeto de interés con la llegada de grandes centros de datos, presentados como sinónimo de progreso e inversión. Del olvido al valor estratégico.
El último es el campus tecnológico que se instalará en la comarca del Bajo Martín y cuyas obras comenzarán en 2027. Pero conviene preguntarse: ¿progreso e inversión para quién y a qué precio?Las cifras impresionan: más de 55.000 millones de euros de inversión, enormes infraestructuras tecnológicas y la promesa de convertir Aragón en un referente europeo de la economía digital.
Aunque las empresas anuncian avances en eficiencia hídrica y energética, el impacto debe analizarse de forma conjunta: consumo de agua y energía, ocupación del suelo, nuevas infraestructuras y transformación del paisaje. Estas instalaciones requieren un suministro constante de electricidad, nuevas subestaciones y líneas de alta tensión. Pero el verdadero desarrollo no se mide solo por estas infraestructuras. Un centro de datos no sustituye un consultorio médico, una escuela rural, una residencia pública para las personas mayores ni un transporte que permita vivir, trabajar o estudiar sin depender del coche. Son esos servicios los que fijan población y hacen posible la vida en el medio rural.
Desde una perspectiva feminista aplicada a las políticas públicas, el desarrollo no puede medirse únicamente por el volumen de inversión o el crecimiento del PIB. Debe evaluarse también por su capacidad para fortalecer el tejido productivo local, garantizar servicios públicos de calidad, reducir las desigualdades y asegurar que la riqueza generada revierta en quienes sostienen la vida y la economía del territorio.
Por otro lado, el Bajo Martín es una comarca agrícola. Antes de transformar cientos de hectáreas de suelo, conviene preguntarse qué modelo de desarrollo queremos: uno que preserve la capacidad de producir alimentos o uno que sustituya progresivamente el suelo rural por grandes infraestructuras tecnológicas. Una inversión de esta magnitud debería fortalecer el tejido empresarial local mediante contratos con pequeñas empresas de la comarca, formación profesional y proveedores de proximidad.
No se trata de enfrentar innovación y conservación, sino de exigir que toda innovación respete los límites ambientales y contribuya al bienestar de quienes la habitan. Si Aragón pone sus recursos al servicio de la economía digital, es legítimo exigir que parte de la riqueza generada revierta directamente en quienes sostienen el medio rural. Eso implica también que las empresas asuman compromisos verificables para minimizar el consumo de agua: priorizar circuitos cerrados de refrigeración, reutilizar aguas regeneradas cuando sea técnicamente viable, publicar de forma transparente sus consumos y someterse a objetivos de eficiencia cada vez más exigentes. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la España rural en un territorio de extracción tecnológica.
Los grandes proyectos estratégicos no deberían diseñarse únicamente desde despachos o consejos de administración. Quienes viven en el territorio deben participar en las decisiones que transformarán su paisaje y su modo de vida. El desarrollo no consiste solo en atraer inversiones, sino en garantizar que quienes habitan esa tierra puedan decidir sobre su futuro y beneficiarse de la riqueza que generan sus recursos.
En cada nuevo amanecer sería deseable que quienes contemplamos este paisaje pudiéramos seguir reconociéndolo y tener la certeza de que la riqueza generada en nuestra tierra se traduce en mejores servicios, oportunidades y calidad de vida. Ese sería, probablemente, el mejor indicador de que hemos entendido qué significa realmente el desarrollo.
Natalia Claramunt Cavero
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