No hace tantos años, la falta de vivienda y el encarecimiento de los alquileres no daban para tertulias, editoriales ni debates acalorados. No era un problema; era, como mucho, una anécdota. Al parecer, como sociedad necesitamos estar con el agua al cuello —o directamente sin techo— para darnos cuenta de que algo falla. Y cuando por fin lo hacemos, descubrimos que las deficiencias no han surgido por generación espontánea: tienen nombres y apellidos. Falta de regulación de precios, escasa inversión pública y una especulación privada que, con gran habilidad, ha sabido convertir una necesidad básica en un negocio redondo.
La Constitución Española, ese libro que todos citamos pero no todos leen con el mismo entusiasmo, reconoce en su artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. También obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y a impedir la especulación. Ahora bien, como ocurre con casi todo, no todos los responsables políticos interpretan este artículo de la misma manera; para muchos es una sugerencia amable, fácilmente aplazable.
A nivel estatal, los partidos de izquierdas impulsan leyes de vivienda y propuestas que buscan regular el alquiler de temporada o poner límites a los precios. Iniciativas que, día tras día y votación tras votación, se topan con una mayoría conservadora en las Cortes Generales que prefiere mirar hacia otro lado. No vaya a ser que reconocer el problema implique hacer algo al respecto. Mientras tanto, los jóvenes siguen emancipándose pasada la treintena —cuando se emancipan— y la especulación inmobiliaria goza de una salud envidiable.
Pero no todo se decide desde Madrid. En los municipios rurales también tenemos deberes, aunque a veces parezca que algunos preferirían que no los hiciéramos. Desde el Ayuntamiento de Valjunquera llevamos años insistiendo en algo tan “revolucionario” como invertir en vivienda de alquiler social. Una idea que, según la oposición, nos convierte en gestores nefastos, irresponsables y poco menos que temerarios. Todo por empeñarnos en visibilizar una realidad incómoda: nuestros jóvenes se marchan porque no tienen dónde vivir, mientras hay familias dispuestas a venir… si encuentran casa.
Llevo diez años al frente del Ayuntamiento de Valjunquera, el pueblo donde nací y donde he decidido vivir con mi familia. En este tiempo he desarrollado una “obsesión”, como algunos lo llaman: frenar la pérdida de población; y por ahora las cifras me avalan: Valjunquera crece en número de habitantes. Esa España mal llamada “vaciada” es, en realidad, una España plural y rural donde la calidad de vida no tiene nada que envidiar a la de las grandes ciudades. Eso sí, para que la gente pueda quedarse —o venir— hacen falta servicios públicos y ¡Sorpresa! viviendas en alquiler.
Hasta 2015, Valjunquera contaba con dos pisos de alquiler social. Hoy son nueve. Tras adquirir y rehabilitar viviendas existentes y, más tarde, construir un nuevo bloque con cuatro pisos desde sus cimientos, hemos logrado ampliar la oferta pese a críticas, debates electorales y algún que otro augurio apocalíptico. Nos endeudamos, sí, a interés cero, y destinamos cerca de 600.000 euros a esta inversión con ayuda de fondos europeos. El resultado: viviendas ocupadas por jóvenes del pueblo y familias con menores, un alquiler medio de 300 euros y una inversión que se amortizará en doce años gracias a los propios alquileres.
Así que resulta que la vivienda social no solo es una necesidad social evidente, sino que además puede ser económicamente viable. ¿Quién lo diría? Por eso, hace unas semanas decidimos adquirir la décima vivienda. Porque a veces gobernar consiste en eso: en hacer lo necesario, incluso —o especialmente— cuando a algunos les molesta.
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