Sobre la enseñanza del franquismo

Sin embargo, toda polis aborrece el vacío, y lo que no se ocupa con la razón es invadido por los monstruos de sus sueños, en nuestro caso, el franquismo. El ascenso desacomplejado de la ultraderecha es el retorno de una otredad que, por otra parte, nunca se ha ido. Durante y después de la Transición, la España oficial no tocó el registro de la propiedad ni purgó los radiadores del Estado, prometiendo a cambio la modernización europea a una España en blanco y negro. Ahora que la bestia ruge como el minotauro del laberinto es cuando se acusa al sistema educativo de no haber hecho lo necesario para evitarlo.

Que parte de nuestros jóvenes saluden a la romana y aúllen como hienas no es responsabilidad de sus profesores. Una vez más, España demuestra que librarse de Dios lleva toda una vida. El mal, pensó Sócrates y lo consagró el cristianismo, es obra de la ignorancia, pues quien conoce el bien no puede alejarse de él. En esta imagen, sin embargo, falla la realidad, pues no sólo la guerra civil y el franquismo son objeto de estudio en 2º de Bachillerato, sino que lo llevan siendo un cuarto de siglo. Más bien son los padres los que no estudiaron en la escuela este periodo y cargan sobre su memoria con una narrativa nacional ya periclitada pero no por ello menos efectiva, la de la radical excepcionalidad de un Estado-nación que se ha arrastrado de fracaso en fracaso.

Si lo que queremos es entender nuestro presente, debemos abandonar este lamento de plañidera que se oye, al menos, desde 1898. En España hubo revolución burguesa, tuvimos liberales y se hizo la transición al capitalismo a lo largo del siglo XIX. Otra cosa es que nuestras peculiaridades no hagan este proceso plenamente homologable al británico o al francés, pero tampoco se puede predicar esto del resto del continente. De la misma manera, nuestro sarpullido ultraderechista actual es similar al de nuestro entorno. A nuestros adolescentes se les enseña (en teoría) que el régimen de Franco fusiló a más de cien mil personas, muchas de ellas después de 1939, y que la España de los cortijos y las sacristías dio un golpe de Estado contra una república que sufría de una inestabilidad similar a la francesa. El problema no es el desconocimiento sino la coyuntura internacional, la memoria pública construida desde la Transición y, finalmente, la herencia que lo dejó todo más o menos atado en el Estado, al igual que, en menor grado, sucedió en países como Italia o la supuestamente desnazificada Alemania (1).

España, decíamos, está inmersa en ese marasmo de posverdad y reacción antiilustrada que irradia desde Washington. En cada Estado-nación esto se expresa de un modo diferente, pues ya se sabe desde Tolstoi que todas las familias felices se parecen, pero cada una es infeliz a su manera. Esta ventisca irracionalista contra el faro de 1789 sacude ambos lados del Atlántico, y aquí lo hace con especial crudeza desde los sucesos de Cataluña de 2017, la huelga feminista de 2018 y el primer gobierno de coalición desde la II República, en 2019.

Con la pandemia, la España de los reservados se puso a fibrilar. El que pueda hacer que haga, diría más tarde el gran chamán de la derecha, y el Estado posfranquista se puso a ello. A fin de cuentas, expresaron Fraga y Fernández Miranda, se podía olvidar la guerra, pero no la victoria del 1 de abril de 1939, que duró cuatro décadas. Y en esto, aquí sí, España es una excepción, porque el día de la victoria en el continente es el 8 (9 en Rusia) de mayo de 1945, fecha en la que se rindió la Alemania nazi, la misma que ayudó a Franco a ganar su golpe contra la II República.

Conquistado el territorio, los generales se dedicaron a lo mismo que hicieron en Marruecos, la represión y la rapiña. El objetivo, diseñado por Emilio Mola, consistía en arrancar de raíz la España popular y republicana. Primero, la sangre de la posguerra autárquica, que supuso un trasvase masivo de recursos a los vencedores. Segundo, el desarrollismo, que conformó la geografía económica para lo que quedaba de siglo. Se arrancó de cuajo a España de su historia, y más tarde, cuando llegaron los televisores, el pop y los turistas a mansalva para cubrir el vacío, se dio por válido el relato con el que Fraga inundó los “25 años de paz” de 1964. La guerra, se dijo, había sido el último acto cainita del odiado siglo XIX, pero ya no habría ningún otro gracias a Franco, protagonista involuntario pero providencial del sacrificio.

En esta destrucción/reconstrucción de España, el franquismo impuso una aversión histérica a la política. Así, el disenso devino aberración dramática. Evitar que la nueva España pudiera reconocerse en el pasado popular fue una obsesión franquista de ayer y lo sigue siendo en nuestros días. En la imaginación conservadora, toda algarada es el preludio de la toma del Palacio de Invierno. Pero lo que en 1936 fue espoleado por el recuerdo del siglo XIX y la efervescencia de la II República, ahora, pasadas la victoria y la Transición, sólo es el producto de un secreto familiar que no debe ser aireado por ninguna ley de memoria. Algunos optimistas dirán que es mala conciencia, pero es conciencia de saberse heredera de un crimen, la posguerra, que no ha sido nunca revisado.

El problema, por tanto, es político. Es ese moho negro de la España de los reservados que financia la guerra cultural contra la modernidad y que tiene en los antifeministas a sus hoplitas más entregados. Porque la derecha no puede, nunca ha podido, presentar su ofensiva como la simple defensa de sus intereses. Para toda contienda se necesita destruir la noción de verdad y mucha carne de cañón. Apelar a la mezquindad del penúltimo contra el último es la mejor forma de conseguirlo. Es el modelo de 1939 el que asoma, el que heló el corazón de Machado y ahora nos dice que la idiocia es la única alternativa a otro supuesto desastre como el de 1898. Pero la verdad es que ni lo de entonces, ni mucho menos lo de ahora, fue un cataclismo, como sí lo fue, en cambio, el año al que nos pretenden llevar de nuevo.

(1) Entre estas continuidades cabe destacar el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), que pasó a llamarse Tribunal de Orden Público (1963) y, en 1977, Audiencia Nacional. Su carácter excepcional es propio del Estado de guerra de los años cuarenta y, como tal, no tiene paralelo en Europa.