Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos bajo la normativa ambiental de la Unión Europea (Directivas «Aves» y «Hábitats»). En el Bajo Aragón, las Saladas de Alcañiz y de Calanda, la sierra de Vizcuerno, parte del curso de los ríos Mezquín y Bergantes, o el parque cultural del Río Martín, están incluidos en dicha red.
A la hora de la verdad, el impacto de dicha declaración administrativa sobre la efectiva protección de la calidad ambiental de los espacios ha sido irregular; al fin y al cabo, y pese a lo que muchos piensen, todas las actividades económicas están permitidas, con carácter general, sobre un espacio Natura 2000, siempre y cuando se mantenga el «estado aceptable de conservación», un término deliberadamente ambiguo, y cuya concreción requiere un concienzudo y honesto estudio caso a caso. Dichos estudios y conclusiones, en el caso de Aragón, están en manos del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) y de todos son conocidas las prácticas discutibles de este organismo, que le han puesto en el punto de mira mediático, político y judicial, en relación con las autorizaciones de grandes parques eólicos, por ejemplo.
Porque éste es un aspecto controvertido. Mientras el ciudadano de a pie tiene la sensación de sufrir todo tipo de trabas para, por ejemplo, una pequeña instalación ganadera dentro de un espacio Natura 2000, a los grandes proyectos de energía renovable, considerados «estratégicos» por la UE, se les pone alfombra roja y todo tipo de facilidades. Esto no es una interpretación «amable» de la legislación, sino que la propia normativa europea ha sido modificada en los últimos años, para que la protección ambiental sea más laxa, sobre todo, insistimos, de cara a todo aquello que la UE considera proyectos estratégicos. Esto incluye energías renovables, pero también proyectos mineros para la extracción de materias primas críticas.
Esta subordinación de la protección ambiental a los intereses económicos se refuerza con el hecho de que, en términos reales y salvo excepciones muy concretas, la declaración de zonas Natura 2000 no ha supuesto un beneficio tangible para las poblaciones que viven en ellas. Y no era ésa la idea. De hecho, en los años 90, la entrega de fondos europeos para el desarrollo regional llegó a estar vinculada al hecho de que los Estados declarasen zonas Natura 2000: obviamente, se trataba de un incentivo económico a la protección ambiental, pero también se trataba de que estos territorios recibiesen la adecuada compensación, un «pago por servicios ambientales» prestados al conjunto de la sociedad. Sin embargo, eso no ha sido así. Incluso las medidas agroambientales de la PAC, especialmente aplicables a estas zonas, resultan poco atractivas, dado que requieren cofinanciación de los Estados miembros e incluso de los beneficiarios, por lo que su capacidad de intervención sobre el medio natural y sobre las poblaciones locales se reducen drásticamente.
En definitiva, Natura 2000 fue una buena idea, en general mal gestionada, que no garantiza plenamente la protección del medio ambiente ni ha contribuido claramente al desarrollo local. Pero la idea sigue siendo buena, y su correcta aplicación, relacionada sobre todo con la voluntad política de los gobiernos de turno, podría abrir caminos muy interesantes para el desarrollo sostenible y justo de nuestras zonas rurales.
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