Los proyectos que se acogen a esta declaración suelen afectar a varios municipios o, si se radican en un único término municipal, su magnitud económica y medioambiental trasciende a dicho ámbito. La figura de PIGA estaba prevista como un recurso excepcional, sin embargo, se están convirtiendo en un lugar común, lo cual genera una lógica controversia.
Piensen, por ejemplo, en macro-proyectos de energías renovables. Se acogen a la calificación de «interés general», aunque en realidad se lleven la electricidad fuera de Aragón y sean propiedad de fondos de inversión extranjeros que buscan su rentabilidad por encima de las prioridades y necesidades de nuestra sociedad. Son proyectos de gran interés para unas pocas empresas y muy pequeño para los territorios donde se implantan.
Además la consideración de una de estas inversiones como «PIGA» implica que un consistorio deje de cobrar tributos y tasas, como el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) o el pago de la popular licencia de obras. Si analizamos dos casos declarados PIGA, se entenderá mucho mejor, aunque en estos momentos existen muchos otros.
El primero es el Proyecto Catalina, una central de hidrogeno con un gaseoducto hasta Caspe y siete parques eólicos y seis fotovoltaicos repartidos en trece pueblos. Según el promotor supone una inversión de unos 2.000 millones de euros. Calculando el 4% habitual, se traduce en que se dejará de ingresar alrededor de 80 millones en concepto del ICIO. La exención de la licencia urbanística, que suele ser, la más reducida, del 1%, supondrá una pérdida de 20 millones. En definitiva, los ayuntamientos de Andorra, Alcorisa, Calanda, Alcañiz, Foz Calanda, Los Olmos, Alloza, La Mata de los Olmos, Crivillén, Cañizar, Castel de Cabra, Estercuel y Torre de Arcas dejarán de percibir alrededor de cien millones de euros.
Otro proyecto PIGA es el denominado «Centro de Datos de Amazon Web Services (AWS) en la Puebla de Hijar, que se ha vendido a bombo y platillo como el primer centro de datos en la provincia de Teruel y con una inversión de 5.000 millones de euros, lo que supone dejar de pagar del ICIO entre 100 y 200 millones de euros a las arcas municipales, mas otros cinco por la licencia urbanística. Sin entrar en otras consideraciones como el agua que se detraerá de los usos domésticos, agro ganaderos o industriales y la nula creación de empleo para el territorio.
Desde esta Plataforma siempre hemos defendido que el dinero no compensa las pérdidas que los macro-proyectos causan al paisaje, al territorio y a las actividades económicas ya existentes, pero es el colmo que se implanten sin aportar lo que se cobraría a cualquier otra empresa o sin que paguen lo que abonan los vecinos cuando construyen una vivienda. Si se llevan a efecto proyectos como estos, los ayuntamientos y sus vecinos sufrirán una pérdida de ingresos millonaria y, a cambio, los promotores habilitarán cuatro acciones calificadas de «sociales» sin más valor que el de limpiar su imagen.
Esta es la verdadera cara de la «transición justa». Al expolio de Aragón solo le faltaba la fórmula del PIGA, que debería ser excepcional, para dejar sin la mínima compensación a los pueblos y ciudades que sufrirán las consecuencias, pues no debe olvidarse que estos proyectos conllevan consumos de agua, suelo y generación de molestias cotidianas que se mantendrán mientras funcionen. El interés general de Aragón debería favorecer a su población y no a las multinacionales.
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