La mañana del jueves 22 de enero amaneció fría y encapotada pero no fue una más en el calendario del IES Mar de Aragón. El aire de Caspe y de toda la Comarca parecía cargado de una gravedad distinta, como si la historia hubiera decidido detenerse un instante para observar lo que estaba a punto de suceder. Las puertas del instituto, testigo cotidiano de rutinas, timbres y cuadernos, se convirtieron ese día en un símbolo. Una mayoría del profesorado decidió secundar la huelga, no como un gesto aislado, sino como un acto consciente y colectivo, respaldado por el alumnado, las familias y una comunidad educativa que comprendió que la educación pública se defiende luchando por ella.
La decisión no brotó de la improvisación, sino de una reflexión profunda y compartida. La comunidad educativa del IES Mar de Aragón alzó la voz frente a la creciente privatización que el Gobierno de Aragón viene impulsando, especialmente tras el anuncio de la concertación del bachillerato y las subvenciones a escuelas infantiles privadas para el niveles de cero a tres años. Medidas innecesarias, injustificadas y profundamente lesivas para el sistema público, que evidencian un modelo que desvía recursos comunes hacia intereses privados.
Los datos hablan con una claridad que no admite matices: en Aragón existen más de 2.300 plazas de bachillerato sin ocupar en centros públicos. Aun así, se destinan siete millones de euros para concertar segundo de bachillerato en centros privados, un gasto superfluo que no responde a ninguna necesidad real de escolarización. Del mismo modo, los 13,5 millones de euros previstos para financiar empresas privadas en el primer ciclo de educación infantil podrían invertirse en ampliar la red pública de escuelas infantiles o en crear más aulas de dos años en centros públicos. En total, casi 21 millones de euros en 2026 que se detraen de la educación pública para engrosar balances privados.
Mientras tanto, la realidad del IES Mar de Aragón —y de tantos centros públicos— resulta elocuente y dolorosa. Faltan espacios educativos dignos y suficientes; persisten barreras arquitectónicas que vulneran el derecho a la igualdad; no hay fisioterapeuta desde el inicio de curso; escasean limpiadoras, conserjes y personal administrativo. El frío del invierno y el calor asfixiante del verano conviven con la ausencia de un plan de mantenimiento, con tejados de uralita que siguen ahí como una herida del pasado. La antigua Residencia carece desde hace años de ascensor; el recreo es un espacio obsoleto, sin sombras ni refugio frente a la lluvia.
A ello se suma la sobrecarga del profesorado, especialmente en Formación Profesional, donde la nueva ley ha convertido a docentes en gestores, asesores y burócratas atrapados entre plataformas y documentos interminables. Y, sobre todo, está el sufrimiento silencioso del alumnado: ansiedad, insomnio, estados de ánimo deprimidos, ideación suicida. Sin enfermeras en los centros, sin psicólogas que refuercen los departamentos de orientación, las necesidades educativas, médicas y emocionales se multiplican sin el respaldo necesario.
Cuando se reclaman soluciones, la respuesta es siempre la misma: no hay dinero. Sin embargo, sí lo hay para financiar a la privada, gestionada en su mayoría por congregaciones religiosas. Por todo ello, Aragón decidió parar y alzar la voz en una huelga histórica, colegios e institutos en la calle, con más de 40.000 personas manifestándose en Zaragoza, con rabia, con firmeza pero con orgullo de clase, ilusionadas porque somos muchas y estamos unidas. Este es un momento histórico de defensa de la educación pública, de la escuela que garantiza igualdad, libertad de pensamiento y futuro. La comunidad educativa seguirá movilizándose para exigir que el dinero público sea, sin matices, para la escuela pública.
¡Viva la Escuela Pública! La escuela de tod@s, para tod@s.
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