La hora de la justicia

Pudiera parece un título de película o un anuncio apocalíptico, pero nada tiene que ver con ninguna de las dos cosas.
En todos los procedimientos para aprobar proyectos eólicos o fotovoltaicos hay una  serie de actos reglados y bien definidos por la ley, que regulan lo que se llama el procedimiento administrativo. Este se inicia con la solicitud por parte de la empresa de la autorización del proyecto, habiendo podido precederle un documento de alcance, que recoge lo fundamental del mismo y al que se le indican los documentos y trámites que ha de superar. Habitualmente  en proyecto de cierta entidad se solicita una evaluación ambiental, que supone la presentación de un estudio ambiental, según los requisitos recogidos por la Ley de Evaluación Ambiental y que suele ser preparado por una empresa contratada por el desarrollador del proyecto.
Hay una demanda muy solicitada por los técnicos de evaluación ambiental y las organizaciones ecologistas y de defensa del territorio, que piden hacer la evaluación de forma más objetiva, siendo una empresa elegida por la administración de forma aleatoria y costeada por la empresa  promotora. Esta propuesta busca que las evaluaciones sean mucho más objetivas y no estén al servicio de quien la costea. Pues se conocen casos de cambios o desaparición de afecciones por exigencias de las empresas promotoras de las centrales.
Si la evaluación recibe todo los informes favorables de las distintas administraciones afectadas, el órgano ambiental emite una Declaración que puede ser negativa y eso pone fin al desarrollo del proyecto, de no ser que se reformule y se vuelva a presentar, o positiva y ya tiene el aval para continuar   la tramitación hacia la autorización de construcción, que sería el ultimo paso para poder iniciar las obras. Por eso la importancia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que como esta en la prensa en los últimos días es lo que las empresas tratan de obtener incluso presionando a los funcionarios o gestores del Ministerio de transición ecológica y Reto Demográfico (MITERD).Con la DIA positiva o compatible el órgano sustantivo, que es el que concede los permisos emite una resolución de autorización previa, que puede contener propuestas de cambios no sustanciales o de modificaciones por exigencias del medio ambiente, que solucionadas conducen a recibir la autorización de construcción y la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, contando con la disponibilidad de empresas constructoras y de materiales como los aerogeneradores o las placas, entre otros.
Hasta este momento el ciudadano ha podido intervenir presentando alegaciones, que raramente son contestadas, salvo algunas referencias en la DIA, que son argumentos basados en aspectos de flora, fauna, paisaje, afección a actividades tradicionales, defectos del proyecto o todo aquello que se considera condiciona de forma negativa que el proyecto vaya adelante tal como se ha presentado. También se pueden presentar Recursos de Alzada contra las resoluciones adoptados, apelando a un órgano superior para que decida si se han tomado las decisiones adecuadas. Estos Recursos no se suelen responder y por silencio negativo se entienden desestimados a los tres meses.
En la mayoría de los proyectos presentados sobre energías renovables en la provincia de Teruel, esta Plataforma ha presentado alegaciones y recursos , cuyo efecto ha sido muy pequeño. Se presentan por considerar que el modelo de implantación de las renovables no es l adecuado, pues se debería hacer de forma distribuida, ocupando espacios ya degradados o usados por el hombre y en manos de la ciudadanía, como bien básico que es. Además de considerar que muchos de los atentan contra los valores naturales del territorio.
Ahora es el momento de la justicia, pues cualquier ciudadano que considera no se ha cumplido con la legalidad y se ha violado la legislación vigente, puede y diríamos que debe acudir a la justicia, como garante de su cumplimiento. En ocasiones no se toma esta opción por los costes de los procedimientos judiciales, por el desconocimiento de los trámites o por el miedo que genera ir a un juzgado. Desde esta Plataforma se han presentado varios contenciosos administrativos, denuncias penales y denuncias a la fiscalía. Casi todos ellos están en trámite y tenemos la esperanza que consigan paralizar aquellos proyectos que no se haya ajustado a la ley. En la hora que la justicia corrija los fallos o negligencias de las administraciones.