El desarrollismo de la década de los sesenta del siglo pasado agudizó dos procesos que ya se venían produciendo en las décadas anteriores. Por una parte, el conocido éxodo desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades, que dio lugar a lo que hoy conocemos como «la España vaciada»; y, por otra, el progresivo vaciamiento de la mayoría de los cascos antiguos en beneficio de los barrios periféricos de nueva construcción, que ofrecían mayores comodidades domésticas: mejor ventilación e iluminación, más amplitud, calefacción, garajes para vehículos, etc.
Esto último provocó que, inevitablemente, los cascos históricos empezaran a deteriorarse con rapidez: en muchos casos por quedar inhabitados y, en otros, por la llegada de población con bajos ingresos que difícilmente podía asumir las reparaciones y el mantenimiento que muchos de estos inmuebles necesitaban.
Realizado este rápido diagnóstico, lo difícil ahora es revertir una situación que pone en jaque no solo la estructura de numerosos edificios, sino también nuestra historia y nuestra memoria colectiva.
Y, como suele ocurrir, donde no llega el mercado debe llegar el Estado. Si verdaderamente queremos revitalizar nuestros cascos históricos —que se llenen de gente, no como parques temáticos, sino de vida real— debemos apostar por hacerlos habitables, cómodos, accesibles y dotados de la mayoría de las prestaciones que puede ofrecer una vivienda en cualquier barrio residencial de las afueras. Para ello, el Estado, mediante las ayudas oportunas, debe favorecer que estas adaptaciones arquitectónicas se lleven a cabo.
Además, convendría impulsar otras medidas, como trasladar servicios públicos —centros de salud, oficinas administrativas, bibliotecas, etc.— al centro de las ciudades, para que la actividad regrese a estos espacios.
De todo ello dependerá que la vida vuelva a recorrer nuestros cascos antiguos.
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