Escribo estas líneas cuando, en Extremadura, las derechas han alcanzado un acuerdo de gobierno autonómico que incluye el concepto de «prioridad nacional», en el sentido de acceso a los servicios públicos a los «nacionales» (ojito con el doble sentido del término), es decir, a los «españoles de pura cepa», y no a los inmigrantes, especialmente (aunque no lo digan), a los «moros», y todo ello en una región -Extremadura- que ha sido históricamente tierra de emigración, y donde la tasa actual de inmigrantes no llega al 5% de su población. En resumen: olvidar el pasado, crear problemas donde no los hay, y crear un antecedente para un futuro, cuya próxima parada -en forma de acuerdo de gobierno- es Aragón.
Desde Bélgica, y concretamente Bruselas, donde vivo, asisto a toda esta cuestión con amargura y con escepticismo. No diré que aquí no existan problemas de adaptación, ni que existan fascistas y racistas dispuestos a sacar tajada de un cierto descontento. Pero diez años viviendo aquí me han ayudado a relativizar cualquier cuestión de este tipo. Yo mismo soy inmigrante, aunque corresponda a esa categoría denominada «expat» (por expatriado): personas, normalmente de la UE o de otros países occidentales, blanquitos, que venimos con trabajo bien remunerado en la propia UE o en otras instituciones o empresas privadas, a los que no se les pone pegas para alquilar un piso o abrir una cuenta bancaria, y cuyo poder adquisitivo tira al alza de los alquileres de vivienda -especialmente en algunos barrios- provocando un efecto de expulsión del resto de la población.
En Bruselas, el 17% de su población es musulmana (pero acumula al 40% de la población musulmana de toda Bélgica), incluyendo una mayoría ya de nacionalidad belga (debido a la naturalización por nacimiento de la segunda y tercera generación). En ese porcentaje encontramos belgas de origen magrebí (sobre todo), pero también magrebíes y africanos subsaharianos. Y de ellos, una escasísima minoría lleva el burka o el niyab (se estima que unas 200 mujeres en toda Bélgica usarían esta prenda). Por lo tanto, se trataba de un problema «relativo».
Una ley federal prohíbe estas prendas desde 2011, habiendo sido refrendada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2017. Ahora bien, en Bélgica el caso fue enfocado como un caso de «convivencia democrática», dicho de otro modo, en una sociedad democrática, todos debemos vernos la cara unos a otros en el espacio público, y eso es un bien público superior a la libertad de culto o a otro tipo de libertades individuales. Tal vez en la mente del legislador estaba la persecución a un grupo religioso concreto, pero, en ese caso, tuvieron la habilidad de darle la vuelta a la argumentación.
Como muchas leyes en muchos países, se pone un empeño relativo en su cumplimiento. Y, también, como en otros países, «hecha la ley, hecha la trampa». En Bélgica, de vez en cuando se ven mujeres con niqab (yo jamás he visto un burka) y, desde la pandemia, con una mascarilla cubriendo el rostro. De esta forma, puede disimularse el cumplimiento de la norma religiosa -y el incumplimiento de la ley- en aras de una supuesta seguridad sanitaria cuya existencia real nadie le va a demandar.
En todo caso, insisto, se trata de una minoría muy pequeña. Por otra parte, cada vez es más natural ver a mujeres con shayla trabajando en supermercados y tiendas, combinando esta prenda con el uniforme de trabajo. Un fenómeno que también nos habla de la normalización progresiva de ciertos signos en una sociedad cada vez más multicultural.
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