Mucho se ha hablado estos días de la Transición Justa de Andorra, mi pueblo, donde vivo. Pero he leído poco sobre el principio de esta larga aventura: sobre aquellos primeros intentos de diversificar la zona cuando ya se intuía que el carbón y la central térmica tenían fecha de caducidad.
Voy a intentar hacer memoria. No de forma estrictamente lineal, sino como vienen los recuerdos, aunque siguiendo, en lo posible, la cronología de los hechos.
En 1991 se constituyó el PEAN, el Plan Económico de Andorra y su comarca, impulsado por Endesa, la Diputación de Teruel y los ayuntamientos de Andorra, Ariño, Alloza, Alcorisa y Albalate. El objetivo era financiar proyectos industriales que generaran empleo y promover una alternativa a la minería subterránea. Endesa aportó fondos y también personas: tres magníficos profesionales de su plantilla. No diré sus apellidos, pero quienes nacimos a finales de los sesenta y teníamos relación con el mundo empresarial conocíamos bien a Nati, Joan y Antonio. Trabajaron durante años por el pueblo, con profesionalidad y ganas.
Después llegó la Sociedad Municipal de Andorra, de la que fui secretaria durante más de diez años. Eran los tiempos en que la fábrica de cartón, impulsada por el empresario José Romaní, empezó a funcionar. Se puso en marcha a principios de 2002 y creó varios puestos de trabajo. Los sueldos no eran, ni de lejos, los que la zona había conocido al calor de la minería y la térmica, pero eran empleos fijos y necesarios.
La Sociedad Municipal comenzó su actividad en 1993 y se disolvió alrededor de 2017. Su objetivo era agilizar la venta de suelo industrial y prestar apoyo financiero a empresas locales. En ocasiones actuó también como captadora de proyectos e inversores. La idea era buena, pero acabó fracasando. También desde OPYDE, la Oficina de Promoción y Desarrollo ubicada en la antigua locomotora, junto con el IAF, se ofrecían ayudas de unos 5.000 euros por puesto de trabajo para iniciativas locales, allá por 2012.
También estaba —y sigue estando— ADIBAMA, el grupo Leader del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, destinado a apoyar iniciativas empresariales en ambas comarcas. Aunque ha sufrido recortes presupuestarios europeos, hoy es prácticamente la única ayuda disponible para pequeños negocios: peluquerías, gremios, bares o servicios que no pueden acceder a grandes convocatorias sectoriales. Conozco esta entidad desde hace más de 25 años y actualmente soy su presidenta.
Mientras tanto llegó Cemex. Y llegó justo cuando estalló la crisis de la construcción. La multinacional mexicana empezó a levantar su planta en 2007, pero las obras se paralizaron en 2012 por la caída de la demanda de cemento. Se había ejecutado alrededor del 80% de la inversión y se preveía crear unos 400 empleos. En junio de 2015, Cemex devolvió la subvención de 6,2 millones que había recibido en 2008 para incentivar la construcción.
Todos pensamos que estábamos salvados. Una multinacional, una fábrica de esas características, cientos de puestos de trabajo... Parecía que Andorra podría absorber el futuro cierre de la central. Ni en nuestros peores sueños imaginamos que una cementera así pudiera fracasar. También inició obras Prefabricados Castelo, en el nuevo polígono pensado para los grandes proyectos empresariales, a escasos dos kilómetros de la térmica. Se hablaba incluso de gasolineras, áreas de servicio, restaurantes y otros negocios. Pensábamos que la cementera traería personal, actividad y capacidad de consumo. No era cualquier cosa.
Finalmente se anunció el cierre de la central. Fue un mazazo, agravado por la pandemia. Endesa no quiso acometer las inversiones medioambientales exigidas por Europa porque, según argumentó, no eran rentables. Después vino otro golpe: las prisas por demoler las instalaciones. Primero las torres de refrigeración; luego, la chimenea. Parecía urgente no dejar nada en pie, como si hubiera miedo a que alguien pudiera arrepentirse o pensar en una reactivación.
Nunca entendí ese proceso de destrucción tan acelerado. Mientras tanto, veíamos cómo unos se prejubilaban y otros se marchaban a Zaragoza, Lérida o Tarragona, con la esperanza de volver algún día al calor de las renovables. De los trabajadores de las empresas auxiliares, muchos de los cuales nunca regresaron, casi ni se habla. Han sido los grandes perjudicados de esta transición injusta.
La demografía en Andorra ha bajado, pero la situación real es todavía peor. Muchos hijos siguen empadronados aunque ya no vivan aquí, y muchos trabajadores nos desplazamos cada día fuera del municipio. Si se tuvieran en cuenta todas esas variables, la sangría sería mayor.
Pregunté a la inteligencia artificial —de la que no soy muy devota— qué población tendría Andorra en 2050. Las previsiones no eran catastróficas: hablaban de mantenimiento con un ligero descenso. No sé si esos algoritmos tendrán en cuenta las últimas noticias: la renuncia del proyecto Catalina a una subvención europea de 230 millones para hidrógeno verde, o el caso Forestalia, ya judicializado y con muy mala pinta no solo en Aragón.
En 2019, los agentes sociales hablaron de crear una oficina de desarrollo local que aglutinara los proyectos surgidos al amparo del cierre de la térmica: una oficina central en el territorio, capaz de coordinar acciones y fondos con profesionales cualificados y conocedores de la zona. Aquello nunca acabó de cuajar ni interesó demasiado a las administraciones. Por entonces ya cerraba SAMCA y después llegaría la central. Nos fiamos del Nudo Mudéjar y del plan de acompañamiento. Todo parecía quedar resuelto con el mayor parque fotovoltaico de Europa. Todas las apuestas a un solo número. Las renovables nos iban a salvar.
Jamás se debió permitir el cierre de la central sin una alternativa real y viable. Solo había promesas. Además, se empezó tarde. Si no se había conseguido la reindustrialización de Andorra en treinta años, ¿por qué iba a funcionar ahora?
La reducción de las inversiones de Endesa en el Nudo Mudéjar ha generado incertidumbre entre la población y los empresarios. A ello se suma la pérdida de unos 1.500 habitantes desde los años ochenta y una reducción notable de la actividad comercial, que golpea sobre todo al sector servicios. También preocupa el relevo generacional. Dentro de quince años, cuando se jubilen muchos pequeños autónomos, tendremos problemas incluso para encontrar quien arregle una caldera, venda una tela o mantenga ciertos oficios básicos. Eso puede parecer normal en un municipio pequeño, pero no en la tercera población de Teruel.
La pregunta es inevitable: si Andorra empezó en los años noventa a buscar una alternativa al carbón, ¿cómo se ha conseguido tan poco? ¿Cómo, con tantas ayudas públicas y tantos agentes implicados, no se ha logrado asentar casi ninguna empresa? ¿Cómo han podido fracasar tantos proyectos en 35 años?
Endesa dice que se le han puesto muchas trabas, pero estos días apenas se explica. Tampoco vemos políticos, asociaciones y empresarios unidos como en otros tiempos. No hay un pacto local por el empleo que funcione ni una estrategia capaz de atraer inversiones.
Creemos que Enel o Endesa tendrán que hacer algo. Algo deberán anunciar en los próximos meses para compensar a un territorio que tantos beneficios económicos les ha dado.
Yo siempre he creído en Andorra y en su comarca, en la capacidad de su gente. La esperanza es lo último que se pierde, y confío en que esto no va a quedar así. Pero casi hemos tirado la toalla. Hijos de trabajadores, prejubilados, comerciantes y hosteleros seguimos aquí, pero desde antes de la pandemia apenas salimos a manifestarnos ni a exigir nada. No hay movimiento social ni plataforma reivindicativa fuerte. La sociedad civil parece dormida.
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