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| Javier Baigorri. Teniente Alcalde Ayto. Alcañiz |
Análisis de la sentencia del cerro
Con fecha del pasado 3 de junio se dictó finalmente sentencia acerca del derrumbe del Cerro Pui Pinos el 18 de abril de 2017. Más allá de la cuantificación de la condena, lo que establece la sentencia es un relato de la inactividad del Ayuntamiento en el barrio por muchos años, hasta el punto de que cada vez que llovía había desprendimientos, según consta en instancias de vecinos que ya databan de los años ochenta.
Esta situación se vio agravada por la aparición en 2016 de una grieta en el cerro, pues su aparición aumentaba la inestabilidad del terreno, inestabilidad que se vio agravada, es triste decirlo, por la pasividad del Ayuntamiento, que no realizó actividad alguna para atajar el problema, en una zona ya de por sí inestable, y esa inacción dejó una situación de riesgo latente siempre al albur de que pudiera ocurrir cualquier suceso. Y tal suceso aconteció el citado 18 de abril. El no adecuado control del material de riego por la empresa contratada por el Ayuntamiento, que dejó al cargo a personal no formado para tales tareas, pues la única persona con formación al respecto fue despedida poco después de ganar el contrato, sin que tuviera tiempo para formar al personal restante. Esta falta de control ocasionó que no se cerraran llaves de riego, con una pérdida de agua de 1.153 m3. Esta conjunción de riesgos motivo el desplome del cerro.
Esta sentencia ha demostrado un grave defecto de dirección en el Ayuntamiento de Alcañiz desde el punto de vista político y técnico durante muchos años, no sólo no intentando minorar los potenciales riesgos en la estabilidad del cerro, sino haciendo oídos sordos a la más que evidente falta de coordinación entre diferentes departamentos técnicos del Ayuntamiento, de modo que cada cual alegó que no era competente y no realizó actuación alguna.
Ante esta situación, el Ayuntamiento, además de afrontar los costes de estabilización del cerro, con un coste de más de 1,5 millones, y de afrontar el coste del alojamiento de las familias que tuvieron que ser desalojadas, tiene que afrontar el 50% del coste de las indemnizaciones según la sentencia.
En este sentido, cuando lean estas líneas se habrá aprobado una modificación presupuestaria para afrontar nuestra parte de la indemnización a abonar a los vecinos. Asimismo, y tal y como comunicamos a los vecinos en las diferentes reuniones, el Ayuntamiento no va a recurrir la sentencia.
Pero nuestras actuaciones no deben ser sólo indemnizatorias. Algo debe cambiar en el modo de gestión del Ayuntamiento. En este sentido, estamos elaborando una propuesta de reorganización para mejorar el flujo de información, de toma de decisiones y asunción de responsabilidades para que sucesos como el del cerro no vuelvan a ocurrir, pues esta sentencia ha mostrado una línea de actuación en la que el Ayuntamiento no puede sentirse orgulloso, pues ha fallado a la ciudadanía, y eso no puede volver a ocurrir.■
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